El Senado tiene lista la controversia constitucional que presentará mañana ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la participación de gobiernos extranjeros en la banca de nuestro país.

El abogado y exsenador, Salvador Díaz Rocha, elaboró el recurso de inconstitucional, donde se plantea –de acuerdo con senadores consultados- argumentaciones en contra de la decisión del gobierno federal de absolver de irregularidades a Banamex por la participación accionaria que tiene 36% del gobierno de Estados Unidos, a través de su filial Citigroup.

El recurso pide a la Corte una determinación sobre si ese hecho, que también se registra en otros bancos (como Santander con el gobierno de España y Scotiabank por Canadá) viola o no el artículo 18 de la Ley para Regular a las Agrupaciones Financieras y del 27 de la Constitución, los cuales establecen que ninguna autoridad podrá extranjera podrá tener capital accionario en instituciones bancarias de México.

La sustentación del Senado será que la Secretaría de Hacienda se equivoca en su argumentación de absolver de irregularidades, en el sentido de que las reglas contenidas en el Tratado de Libre Comercio son más fuertes que las disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito.

Va por unanimidad

La acción de inconstitucionalidad, que es promovida por unanimidad de todas las fuerzas políticas del Senado, incluido el PAN, deberá ser presentada como plazo máximo este miércoles, cuando vence el plazo legal. Una vez presentada, la Corte cuenta con un plazo de tres días para determinar si acepta o no analizar la controversia.

“La Junta de Coordinación Política del Senado de la República acuerda que el Presidente de la Mesa Directiva interponga una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la definición de la situación jurídica en el caso de las instituciones financieras que, con motivo de las medidas tomadas como consecuencia de la crisis económica mundial, lleguen a contar con participación directa o indirecta de algún gobierno extranjero, en su capital social”, estable el punto de acuerdo que fue aprobado el paso 13 de octubre.

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