Iniciamos el 2010, año en el que se “celebran” los 200 años del inicio de la Independencia y 100 años del inicio de la guerra civil que asoló a México por casi una década. ¿Realmente estamos como para andar celebrando?
Sin duda, el nivel de bienestar de la población mexicana es hoy significativamente mayor de lo que era hace 200 o hace 100 años. Sin embargo, estamos muy lejos de haber logrado, después de tanto tiempo, el nivel de desarrollo económico que se hubiese podido tener, dada la enorme cantidad de recursos naturales y nuestra posición geográfica.

Pero, sobre todo, estamos muy lejos de haber tenido desde la Independencia un marco institucional que hubiese promovido la acumulación de riqueza en lugar del que hemos tenido, uno que históricamente ha promovido y premiado la búsqueda y apropiación de rentas.

En realidad, con una perspectiva de largo plazo, 200 años, hemos fracasado como país en el proceso de desarrollo económico. Hoy, el PIB por habitante apenas se acerca a los 10,000 dólares anuales, con una de las distribuciones del ingreso agregado más inequitativas del mundo y con casi la mitad de la población viviendo en una situación de pobreza patrimonial.

Pero vayamos a lo más reciente en la evolución de la economía mexicana.

La primera década del siglo XXI. ¡Qué desastre! Otra década más que se pierde. A finales del siglo XX (el año 2000), el PIB real, con base en el 2003, ascendió a 7.52 billones de pesos, siendo el PIB por habitante, también en pesos reales, de 77,131 pesos.

Para finales del 2010, cuando acabe la década, se espera que el PIB llegue a 8.59 billones de pesos, con el correspondiente PIB por habitante de 79,586 pesos. Así, en esta primera década del siglo XXI, el PIB agregado habrá crecido solamente en 14.3% y el PIB por habitante en 3.2%, lo que arroja tasas medias anuales de crecimiento de 1.4 y 0.3 por ciento. ¡Patético!
Los elementos que explican por qué México no crece ahí están, todos ellos girando alrededor de un notoriamente débil Estado de Derecho.

Esos factores son: derechos privados de propiedad ineficientemente definidos y peor aún, ineficientemente protegidos; una significativa incertidumbre del cumplimiento de contratos, una excesiva e ineficiente regulación de los mercados que impone altas barreras de entrada y por lo mismo, mercados poco competitivos.

Igualmente tenemos poderes fácticos (empresarios, sindicatos, partidos políticos, burócratas, etcétera) que se han apropiado de instituciones del Estado mexicano y que tienen como prioridad la apropiación de rentas, un enorme desperdicio de recursos públicos por parte del gobierno y más.

El resultado de tan deficiente diseño institucional es obvio: bajas tasas de acumulación de capital físico y humano, lo que junto con las muy bajas tasas de introducción de cambios tecnológicos se traduce obviamente en un estancamiento de la productividad de los factores de la producción y, consecuentemente, en un estancamiento del PIB por habitante.

Estamos atorados en un arreglo institucional que inhibe el crecimiento y no parece que esto vaya a cambiar en el futuro cercano, no con los políticos que tenemos y cuya última preocupación es cambiar los incentivos hacia aquellos que promuevan la acumulación de riqueza.

Ya perdimos la primera década del siglo XXI. ¿Perderemos también la que sigue? ¿Por qué celebramos?

ikatz@eleconomista.com.mx