Durante la última semana del año pasado se desató una serie de incrementos en precios, justificados -según los interesados- en los aumentos en el precio de la gasolina, del transporte público, del agua, los impuestos y otros que administra el gobierno.

Viendo esta situación, una asignatura pendiente para este 2010, que apenas comienza, sería encontrar la forma de aislar a la economía de las supuestas tragedias que le suceden a los gobiernos, todas originadas en sus excesos para gastar y en su incapacidad para generar ingresos, que cubren elevando los precios y tarifas a su disposición.

Si hay excedentes petroleros a todo mundo le gusta congelar impuestos y precios de bienes y servicios, pero cuando se agotan, todos culpan al gobierno federal.

Sin ceder a la iniciativa privada la administración de esos bienes y servicios, se ganaría mucho si simplemente se permitiera la entrada al mercado de más competidores, de manera que la sociedad elija si desea seguir manteniendo la ineficiencia de las empresas del gobierno o se va por la opción de proveedores más eficientes.

Cuando observamos el éxito con que funcionan los centros de rehabilitación infantil financiados con donativos voluntarios y los comparamos con los que deberían ser los servicios ofrecidos por el gobierno, no queda lugar a dudas acerca de quién tiene la ventaja para administrar y ofrecer lo mejor a la sociedad.

A partir de esto, no se entiende por qué seguimos financiando instituciones tan obsoletas como el seguro social, ya sea para el apartado A o el B del artículo 123, y toda la red de servicios que amparados en estas instituciones se ofrecen en condiciones deplorables a la sociedad.

No olvidemos el caso de las guarderías y ahora la queja de los usuarios de los servicios de diálisis, y los miles (¿millones?) de derechohabientes que siguen esperando un turno para entrar a quirófano.

La mayor asignatura pendiente -entonces- es buscar todas aquellas áreas en las que el gobierno debe salir y dejar su lugar a alguien más eficiente, acotando, al mismo tiempo, la impunidad con la que legislan en áreas que deberían dejar libres.

De no ser posible esto último, por lo menos habría que buscar que pagaran de alguna manera los destrozos y las pérdidas en bienestar que provocan.

El modelo ya no funciona, pero es el modelo de gobierno, con sus tres poderes, el que debemos adaptar al México del siglo XXI.

mrodarte@eleconomista.com.mx