Hace algunos años, en estas mismas páginas, escribí un artículo con el mismo título que el de hoy, lo cual se constituye como un verdadero drama.

Llevamos prácticamente tres décadas sin crecer, con el PIB por habitante estancado y con casi la mitad de la población subsistiendo en una situación de pobreza patrimonial.

El año pasado el PIB se contrajo en alrededor de 7%, y dada la estructura institucional de la economía mexicana, no volveremos a alcanzar el nivel precrisis sino hasta el 2012. Un verdadero drama para la mayor parte de la población que percibe que sus posibilidades de mejora en el bienestar familiar están prácticamente canceladas.

Vivimos bajo un arreglo institucional en el cual abundan los elementos que castigan el crecimiento económico y premian la apropiación de rentas.

Primero, destaca la notoria incidencia de prácticas monopólicas en sectores claves de la economía como son energía eléctrica, hidrocarburos, telecomunicaciones, cemento, prácticas notariales, transporte aéreo, transporte marítimo de cabotaje, etcétera; prácticas que reducen el bienestar de la población e inhiben el crecimiento económico.

Y a pesar de ello, no parece haber significativas posibilidades de que se apruebe una profunda reforma a la Ley Federal de Competencia que le permita a la Comisión Federal de Competencia perseguir y castigar con mayor efectividad este tipo de prácticas.

Segundo, está la enorme cantidad de barreras legales y regulatorias para la apertura, operación, crecimiento e inclusive el cierre de empresas.

Hacer negocios en México es notoriamente caro; se estima que la carga regulatoria que enfrentan las empresas representa casi 12% del PIB. La idea que permea entre los políticos y los burócratas de que todo hay que regularlo, con un absoluto desdén hacia lo bien que opera una economía de mercado eficientemente regulada, ha llevado a excesivas e ineficientes regulaciones.

Desde la Presidencia se anuncia que ahora sí va a haber un significativo proceso de desregulación a nivel federal, pero dada la experiencia de años anteriores, se duda que esto se vaya a materializar. Y si además consideramos que la mayor parte de las barreras a la entrada de nuevas empresas al mercado son estatales y municipales, pues entonces estamos fritos.

Los estados son soberanos y los municipios son independientes y no tienen por qué hacerle caso al Presidente, más aun cuando la misma existencia de estas barreras le generan a los que ejercen el poder y a la burocracia enormes rentas. La corrupción en México es generalizada e inhibe el crecimiento económico.

Tercero, la regulación del mercado laboral. Una legislación que encarece la contratación de trabajadores porque despedirlos es muy caro, inhibe el cambio tecnológico en las empresas porque el acceso en el escalafón sólo depende de la antigüedad y no de la capacitación y productividad; hace que el mercado laboral sea excesivamente rígido al prohibir contratos a prueba y de corto plazo, la existencia de contratos ley y, de lo más importante, la existencia de las cláusulas de exclusión sindical que deriva en que todos los líderes sindicales sean ricos aunque a quienes dicen representar vivan en la pobreza.

Una mejora institucional aumentaría el crecimiento y el bienestar de la población pero aquí no pasa nada porque estamos secuestrados por quienes se benefician del statu quo ineficiente: políticos, monopolistas, burócratas y líderes sindicales.

ikatz@eleconomista.com.mx