Cuando hablamos de las bondades del sistema de precios para regular muchos aspectos de la vida cotidiana, no pretendemos decir que el sistema de precios pueda prevenir desastres naturales.

Tampoco el Estado de Derecho puede poner en orden a la naturaleza, aunque no serían pocos los legisladores que se entusiasmarían tan sólo con la idea de legislar para que la naturaleza dejara caer su fuerza únicamente con la derecha y los ricos. Debemos aprender a vivir con la naturaleza, que a veces parece se ensaña con algunos seres, pero que viendo bien podemos inducir que este ensañamiento sucede en los lugares en donde no se deja que el sistema de precios funcione y el Estado de Derecho sólo es, si acaso, una pieza de retórica.

Para iniciar, el caos que impera en el crecimiento de las manchas urbanas cada vez cobra más víctimas. Este caos es resultado de una combinación de varias capas de corrupción, que se presentan en diversas etapas de la historia. Si no se permite que la naturaleza realice su función de absorber lluvia, porque se pavimentan hasta los cerros, toda esa agua escurre a los lugares bajos. Si por una lana, quien debió evitar que se construyera en laderas y áreas muy bajas, no lo hizo, ahora debería ser llamado a cuentas.

Impedir que el Estado de Derecho vigilara que se utilizaran materiales de calidad en la construcción de drenajes, bordos, entubamiento de ríos y plantas de bombeo, ahora nos pasa las facturas con millones de metros cúbicos de agua que inundan todos aquellos lugares en los que no debería vivir nadie por ser zonas de alto riesgo.

Luego viene la cuestión del sistema de precios, que para empezar no discrimina entre usuarios de medios de transporte, que son indiferentes entre comprar un auto, utilizar el Metro, los micros o el Metrobús. El resultado es un caos vial creciente, que produce un desperdicio millonario de productividad, por las horas hombre que se pierden haciendo fila y mentándole la madre al de junto para que nos deje pasar y alcanzar la entrada o salida de alguna vialidad del Metro o de otro medio de transporte. Tampoco hay el orden que debería poner el sistema de precios para el uso del suelo, tratamiento de basura, uso de agua y para la decisión de elegir dónde vivir. El resultado es que todo se concentra en donde más riesgos genera, haciendo inevitable la desgracia.

mrodarte@eleconomista.com.mx