Sebastián había migrado a la capital para cursar una carrera universitaria. Imaginaba desde un principio y lo siguió suponiendo a lo largo de su carrera, que una vez graduado conseguiría empleo con facilidad. No ocurrió así y aún peor: en su búsqueda de trabajo fue víctima de engaños y desfalco por parte de intermediarios que supuestamente le conseguirían el ansiado puesto.

Algo más grave le ocurrió a Gabriela, también provinciana y recién egresada de una escuela de ventas y mercadotecnia. Gran decepción se llevó la aspirante cuando ya cerca de ser contratada cayó en la cuenta de que no sólo se trataba de vender productos sino sus propios servicios personales.

El fenómeno –preocupante y abusivo— se ha venido difundiendo durante los últimos años. Ofertas de trabajo, aparentemente atractivas, que responden en realidad a la intención de defraudar o explotar a quienes buscan un empleo. Según algunos expertos, en ningún caso una empresa seria solicita dinero para continuar un proceso de contratación de personal. El fenómeno indigna en particular porque tiene por víctimas potenciales a personas vulnerables. Es el caso de jóvenes esperanzados o necesitados en extremo de un trabajo. En muchos casos se trata, también, de personas ingenuas que actúan de buena fe. En suma, es un ejemplo típico que llama a la intervención de la autoridad.

Lo primero que se requiere es la instalación formal de un sistema de alerta para prevenir a quienes buscan empleo de la posibilidad de esta práctica fraudulenta. Ya sobre aviso, los solicitantes pueden saber, por ejemplo, que si en una oferta de trabajo no tiene lugar una relación de persona a persona “hay algo raro”, o que en las ofertas dirigidas a mujeres jóvenes puede haber un intento de trata de personas. Pero aparte de la alerta, las víctimas de este posible fraude requieren de protección. Ya la Secretaría del Trabajo debería haber pensado en un órgano que ofrezca este servicio de protección tan necesario.

El complemento indispensable debe ser un procedimiento eficaz para castigar a los comisores de esa práctica delictuosa. Quizá no se necesitaría su tipificación específica como delito. Se trata simple y sencillamente de fraude y, quizá, de abuso de confianza. Lo que sí se requiere de manera indispensable es que no haya impunidad. Si las ofertas de trabajo fraudulentas han proliferado es porque a los comisores no les sucede nada.

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