Inicia un año electoral complicado para el país. A la elección presidencial hay que agregarle 15 elecciones estatales, de las cuales siete son de Gobernador: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco, Yucatán y Distrito Federal (Jefe de Gobierno).

La selección de candidatos para dichas contiendas, además de las de renovación de Congreso federal, ayuntamientos y legislaturas locales, aumenta la presión al interior de los partidos y los riesgos de indeseables fracturas en vísperas de la contienda presidencial.

A su vez, la dinámica de la elección presidencial tiende a ser predominante y, por ello, a contaminar los procesos en los estados. Ejemplos hay para todos.

El PRI está enfrentando el descontento de su militancia en entidades como Chiapas, Puebla, Yucatán y Tabasco, por la pretensión de su dirigencia (aún bajo Humberto Moreira) de ceder candidaturas importantes al Panal y al partido Verde a cambio del apoyo de Elba Esther Gordillo y los llamados ecologistas a su candidato presidencial.

En el PRD está a punto de traicionarse el acuerdo alcanzado entre Marcelo Ebrard y López Obrador, al anunciarse la declinación de Carlos Navarrete en favor de Alejandra Barrales y no del exprocurador ebrardista Miguel Ángel Mancera. Es decir, contra su palabra, AMLO buscaría acaparar candidatura presidencial y sucesión en el Distrito Federal.

El Partido Acción Nacional padece del mismo mal. La dirigencia partidista viene de oficializar la designación de Isabel Miranda de Wallace como su candidata al gobierno de la ciudad de México.

Aparte del notorio descontento de los desplazados más fuertes, Demetrio Sodi y José Luis Luege, la pregonada democracia interna del partido enfrenta un serio cuestionamiento. Si bien no es el primer caso en que se opta por un candidato externo (ocurrió con el propio Sodi), las designaciones directas caen mal a la militancia panista. Más aún cuando se mezclan con la percepción de una, hasta ahora, fallida injerencia del presidente Calderón para favorecer a Ernesto Cordero en la contienda por la candidatura presidencial.

En todo caso, a los tres partidos les queda poco tiempo para procesar sus diferencias internas y unir fuerzas para disputar 2,127 cargos.

Sin duda, la alineación de elecciones estatales para evitar la permanente celebración de comicios a lo largo del sexenio resulta positiva. Pero un escenario mejor sería uniformar los calendarios locales con las elecciones intermedias y no con la elección presidencial.

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