El gobierno tiene cuatro funciones legítimas que cumplir: ofrecer bienes públicos (sobre todo la protección de los derechos privados de propiedad), corregir las externalidades negativas y positivas, regular las prácticas monopólicas y actuar subsidiariamente sea coyunturalmente (en caso de un desastre natural) o estructuralmente (como corregir los efectos de discriminación contra algunos individuos, el Programa Oportunidades es un ejemplo). Obviamente, para ejercer estas funciones el gobierno requiere contar con los recursos para su financiamiento, mismos que obtiene con la imposición de gravámenes sobre los agentes privados. Por otra parte, éstos están dispuestos a pagar impuestos, ya que la sociedad en su conjunto gana si el gobierno es el encargado de proteger los derechos privados de propiedad, pudiendo utilizar el monopolio legítimo de la violencia, en lugar de que cada uno y para sí mismo tenga que utilizar recursos escasos para protegerse en contra de actos de terceros que atenten en contra de su propiedad.

La recaudación que obtenga el gobierno debe ser tal que le permita el financiamiento de estas actividades y no más, ya que ello derivaría en la imposición de impuestos expropiatorios de la riqueza y del ingreso privado. Además, el diseño del sistema tributario debe ser tal que se cumpla con el principio de equidad horizontal, es decir, que todos los individuos que tengan el mismo nivel de ingreso bruto enfrenten exactamente la misma carga tributaria, y desde el punto de vista del gasto, todos los individuos deben enfrentar la misma carga tributaria como porcentaje de su gasto, es decir, no puede haber bienes o servicios exentos o a tasa cero en el impuesto al gasto; ¿cómo estamos en México? La respuesta es bastante mal. Nuestro sistema tributario es en realidad una maraña que no le permite al gobierno recaudar los ingresos que requiere, genera notables ineficiencias en la asignación de recursos en la economía, contiene un sesgo en contra del crecimiento y es, además, notoriamente inequitativo, ya que algunos agentes privados enfrentan una carga tributaria que raya en la expropiación, mientras que otros simple y sencillamente no contribuyen, como tendría que ser, al financiamiento del gasto público.

Al nivel federal ISR sobre personas físicas, ISR sobre personas morales, IETU, Impuesto sobre Depósitos en Efectivo, IVA, aranceles a las importaciones y otros impuestos sólo le permiten al gobierno recaudar cerca de 12% del PIB, pero además esta carga tributaria está inequitativamente repartida. Regímenes especiales de tributación, ingresos exentos y tasas diferenciales del IVA se estima que representan un gasto fiscal (extraño concepto para referirse a los ingresos que el gobierno hubiera obtenido de no existir estos huecos tributarios) de alrededor de 5% del PIB, a lo cual hay que agregar que por el deficiente diseño tributario hay una evasión y elusión fiscal que se estima en otros cinco puntos del PIB. Y lo anterior, ¿qué tiene que ver con la libertad? Dado que nunca es el momento para hacer una reforma tributaria que establezca un impuesto proporcional en el ISR para personas físicas, que elimine el ISR sobre personas morales dejando solamente el IETU, hay agentes económicos privados que entre el ISR y el IVA le transfieren al gobierno federal casi la mitad de su ingreso, mientras que otros, por decisión de Estado, no pagan.

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