En 13 días acudiremos a las urnas para elegir al que será el próximo Presidente de la República, así como a los nuevos legisladores del Congreso de la Unión. El futuro de México está en juego en dicha elección, ya que dependiendo de por quiénes se incline el voto ciudadano, se definirá en gran medida el rumbo que tome el país en el futuro mediato. La economía, a pesar del relativamente buen desempeño del año pasado y éste, con tasas de crecimiento cercanas a 4% anual, es a todas luces insuficiente para resolver importantes problemas a los que nos enfrentamos, como son la todavía alta incidencia de pobreza y la aún endeble clase media.

Es claro que el marco institucional que rige la actividad económica del país contiene innumerables elementos que derivan en incentivos ineficientes y desalineados con el objetivo de mayor crecimiento económico, mismos que tienen que ser modificados.

Entre los cambios que se requieren en el marco institucional, destacan los que se han enunciado una y otra vez. Primero, una reforma de la legislación laboral que haga más flexible a este mercado, que elimine el sesgo en contra de la mano de obra, en particular en contra de los jóvenes, una que promueva la introducción de nuevas tecnologías de producción que deriven en una mayor productividad. Segundo, una reforma del sistema judicial mexicano para que sea el Poder Judicial un efectivo garante de los derechos privados de propiedad y del cumplimiento de los contratos.

Una tercera reforma es la fiscal, tanto en su vertiente tributaria como la de gasto; una reforma que por el lado tributario no sólo fortalezca estructuralmente las finanzas públicas y reduzca la dependencia de los ingresos petroleros, sino que, además, genere los incentivos que se derivan del sistema tributario para trabajar, ahorrar e invertir. Por el lado del gasto, la reforma tiene que enfocarse a aumentar la eficiencia y eficacia del uso de recursos públicos, eliminando todos aquellos rubros de gasto que solamente son un desperdicio, así como la corrupción que impera en el ejercicio del gasto, particularmente en la adjudicación de obras púbicas, incluyendo en esto último a los gobiernos estatales y municipales, por lo que también es necesaria una reforma de la Ley de Coordinación Fiscal.

Una cuarta reforma es la transición paulatina hacia un sistema de seguridad universal, como complemento de la reforma laboral, y que requiere para su instrumentación, dado los costos que ello representa, de la reforma fiscal.

Una quinta es la educativa, una que derive en una mayor cobertura, pero sobre todo en una mayor calidad; una reforma que otorgue a los padres de familia la libertad de elegir y que simultáneamente obligue a los maestros a rendir cuentas por sus actos, ligando sus percepciones a la calidad de la educación que están impartiendo.

La sexta es la reforma energética, tanto por el lado de los hidrocarburos, como por el lado de la energía eléctrica; una reforma que incremente la eficiencia del sector energético, que introduzca competencia en este sector y que se traduzca en menores precios (sin subsidios) para los consumidores.

La séptima es la agraria, que tiene que enfocarse en la desaparición del minifundio (la principal localización de la pobreza extrema en el país), en la consolidación de unidades agrícolas para poder introducir tecnologías modernas de producción y en generar economías a escala.

Hay obviamente más reformas y lo que está en juego en las próximas elecciones es la modernización del país. Usted decide.

ikatz@eleconomista.com.mx