Cumplimiento de contratos
El que haya esta ineficiencia institucional deriva en menores flujos de inversión, nacional y extranjera.
Isaac Katz
Jun 18, 2017 |
22:12
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En los últimos dos artículos apunté, primero, que México está enfermo, refiriéndome a que a lo largo de nuestra historia hemos vivido bajo un sistema político-económico caracterizado por promover la búsqueda y apropiación de rentas, lo cual ha tenido un significativo y negativo resultado sobre el desarrollo económico del país y segundo, que la cura para esta enfermedad requiere de la aplicación de varias políticas como son una efectiva rendición de cuentas por parte de quienes son los gobernantes, una regulación más eficiente de los mercados, leyes más eficientes de obras y adquisiciones públicas, la persecución y castigo de prácticas monopólicas y una más eficiente protección de los derechos privados de propiedad, en particular la garantía judicial del cumplimiento de los contratos.

Como señalé al final del artículo de la semana pasada, es en este último rubro en donde prácticamente nada se ha avanzado. La ausencia de un Poder Judicial en las diferentes entidades de la República que sea independiente, imparcial, eficiente y expedito se constituye como el eslabón más débil de toda la cadena y el costo en desarrollo económico es enorme. Sirva de indicador que en el índice de libertad económica elaborado por la Fundación Heritage, mientras el puntaje general asignado a México, sobre un máximo de 100, es de 63.6, en el subíndice de integridad judicial la calificación es de sólo 38.7 (los equivalentes en el índice elaborado por el Instituto Fraser, con un máximo de 10, son 6.88 y 4.24).

El problema es obviamente uno de diseño institucional. El Artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “los Tribunales de la Federación conocerán:

“II. De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales o tratados internacionales elaborados por el Estado Mexicano. A elección del actor y cuando sólo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden común”. (El resaltado es mío).

Prácticamente todas las leyes en materia económica son federales, como son el Código de Comercio, Concursos Mercantiles, Instituciones de Crédito, Seguros y Fianzas, Inversión Extranjera, Propiedad Industrial, Sociedades Mercantiles, Derechos de Autor, Títulos de Crédito y otras.

En particular, destaca que aunque la Ley General de Sociedades Mercantiles es una ley federal, prácticamente todas las controversias que se suscitan sobre el cumplimiento de contratos entre particulares son atendidos en los juzgados y tribunales del orden común y aquí hay un gran problema. La mayor parte de los poderes judiciales estatales no son independientes, imparciales, eficientes y expeditos y muy pocos estados tienen juzgados especializados en materia mercantil. Cuando las empresas se enfrentan a un poder judicial que no garantiza de manera imparcial y expedita el cumplimiento de los contratos, el costo de “hacer negocios” aumenta; las empresas, en este caso, preferirán establecer contratos con contrapartes “honorables”, aunque ello implique que no sean el mejor proveedor o cliente, lo cual deriva en una asignación socialmente ineficiente de los recursos y un PIB generado menor al potencial. Además, el que haya esta ineficiencia institucional deriva en menores flujos de inversión, nacional y extranjera, y menores tasas de crecimiento económico.

Éste, a pesar del enorme costo, es un gran problema que prácticamente nadie atiende y por lo mismo, si se desea crecer a mayores tasas, urge resolverlo. Los gobernadores no lo harán porque, como rentistas que son, prefieren tener el control de sus jueces. ¿Es la solución que todas las controversias mercantiles sean atendidas por los Tribunales Federales? Hay que discutirlo.

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