La discusión nacional generada por el secuestro y homicidio del joven Fernando Martí ha tomado un camino torcido.
El centro del debate no debería ser la duración o extensión de las penas, sino la certeza de que quienes cometen esos delitos serán castigados.
El gran aliciente para la comisión y aun el florecimiento de la industria del crimen, llámese secuestro, asesinatos por encargo, robos de vehículos y casas habitación, y los que se le ocurran, es la impunidad.
Si quien comete un delito es además policía o expolicía, con los conocimientos plenos de cómo funciona el aparato de “justicia” federal o local, llevarlo a la cárcel tendrá que ser precisamente el objetivo primario de cualquier programa oficial de combate al crimen.
La discusión no tendría que ser sobre la extensión a cadena perpetua o prisión vitalicia, como dice la iniciativa presentada en marzo del 2007 por el presidente Felipe Calderón, sino en el proceso de depuración de los cuerpos policiacos y ministerios públicos, las más de las veces coludidos con estas bandas.
En más de 50% de los casos de secuestro registrados en los últimos años en el país participaron directa o indirectamente policías o expolicías, lo mismo municipales que ministeriales, o judiciales y federales.
La extensión de la pena por sí sola no conlleva una inhibición del delito; en cambio, si el delincuente tiene la certeza de que si es capturado será irremediablemente sentenciado cambiaría el escenario.
En los últimos años se han incrementado las penas para diversos delitos y las estadísticas no demuestran una disminución de éstos.
La extensión de pena no puede llegar, al menos con nuestra actual legislación, más allá de la prisión vitalicia; lo que sigue es la aplicación de la pena capital y aunque la mayoría de los mexicanos estén de acuerdo con esta medida, no resuelve el problema; el debate sobre este tema particular merece un espacio aparte.
Sin embargo, la discusión motivada por el crimen perpetrado en contra de este joven se ha ido por el camino de la política: que si el Gobierno del DF se coordina con el federal, que si el Senado no le quiso aprobar las reformas de extensión de la penas a secuestradores enviada por Calderón, que si en realidad la falta de coordinación es entre Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna.
Si las tragedias sacan lo mejor de la sociedad, ésta en particular ha exhibido lo blandengue que son nuestras instituciones encargadas no sólo de la seguridad -infiltradas por una mafia de policías ineptos y/o corruptos- sino de la impartición de justicia.
Los partidos políticos podrán responder al reclamo social aprobando en fast-track la iniciativa presidencial, pero, si al paso del tiempo la cadena perpetua no representó un factor que inhibiera la comisión de secuestros, ¿cuál sería el siguiente paso?
La historia del derecho penal mexicano refiere cómo es que las penas aplicadas a ciertos delitos llegan a un punto culminante y después dejan de servir.
En realidad,la muerte del joven Martí ha desnudado a nuestras policías, y puso al descubierto que no existe una política integral de combate a estas bandas, ni en el DF ni en el gobierno federal.
Que se aumenten las penas, sí, pero que antes se limpie la casa; no se puede estar durmiendo con el enemigo.
atrejo@eleconomista.com.mx
Aguas
El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Jorge Estefan Chidiac, priísta, adelantó que en el Presupuesto para el 2009 valorarán la posibilidad de imponer un “subsidio temporal” al diversos productos de la canasta básica.
Dijo que esta posibilidad se puede dar dependiendo del comportamiento de la inflación.
“Vamos a valorar si esto sigue para el Presupuesto 2009, ver si a algunos productos básicos se les puede poner un subsidio temporal mientras pasa esta crisis. Espero que no sigan subiendo los precios de los alimentos, esa es la preocupación, lo demás no es tan grave”.
Chidiac tendrá qué ver con los subsidios que finalmente se aprueben a las gasolinas para el próximo año y dado el nivel de inflación, los altos precios del petróleo y el incremento de la importación de las gasolinas, el asunto se pondrá caliente, literalmente.
A ver, pues.
Galván y diputados
El secretario de la Defensa, el general Guillermo Galván Galván, sostuvo una reunión de más de dos horas con los diputados de la Comisión de Defensa Nacional que encabeza el legislador panista Jorge Justiniano González Betancourt.
¡En el encuentro, celebrado en las instalaciones de la Sedena, el general secretario de la Defensa explicó a los legisladores cómo es que la delincuencia organizada ha diversificado sus fuentes de financiamiento haciendo del secuestro una de sus opciones más rentables, ya que al mismo tiempo utilizan este delito como forma de mostrar su poderío.
¡Galván hizo la advertencia de que, en la medida que las Fuerzas Armadas avancen en la lucha contra las bandas criminales, los secuestros podrían aumentar en la misma proporción.
¡El General también reconoció el poder de captación que tienen estos grupos; según sus estimaciones, en el crimen organizado podría haber involucradas hasta 500,000 personas, que van desde los simples vendedores a los que se les da un teléfono celular para que avisen de movimientos de los cuerpos policiacos hasta los capos.
¡Con este escenario, la participación de las Fuerzas Armadas en la primera línea de combate al crimen organizado es auténticamente indispensable y fuera de toda discusión.
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