Las facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) deben estar claras y no estar sujetas a continuas discusiones y conflictos de competencias, advierten analistas.

José Manuel Mercado, analista de Frost&Sullivan, asegura que uno de los problemas tanto del sector de telecomunicaciones, como de otros de la economía, ha sido la falta de coordinación entre las dependencias y los órganos reguladores.

En el caso particular de la Cofetel “está regida por un marco normativo que no le permite ser efectivamente un órgano autónomo y con capacidad de aplicar, por sí mismo, sanciones a las empresas que incumplan las leyes”, refiere.

“Si la SCT y la Cofetel no tienen cooperación, se debe en parte también a intereses creados dentro de los organismos que no permiten al sector salir adelante. La Cofetel no actúa con total autonomía”, insiste el analista.

Incluso, Mercado sugiere que el sector de las telecomunicaciones no avanza a la tasa de crecimiento potencial que debería, en gran medida, “por los intereses creados al interior de la Cofetel”.

Un origen nebuloso

Desde el inicio de la gestión de la actual Cofetel, en el 2006, se generó un ambiente “complicado”.

Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous fueron originalmente propuestos por el entonces presidente Vicente Fox, para ser comisionados de la Cofetel; sin embargo, el Congreso no aprobó sus nombramientos y entonces fueron colocados en la Subsecretaría de Comunicaciones y la Dirección Jurídica de la SCT, respectivamente.

Fue así que ambos interpusieron juicios de amparo en contra de la decisión del Congreso, con la intención de ocupar sus cargos como comisionados de la Cofetel, y luego de dos años ganaron el juicio, destituyendo así a Gerardo González Abarca y Eduardo Ruíz Vega, quienes habían sido nombrados comisionados del pleno de la Cofetel.

Decisiones que generan “ruido” en el sector

Al respecto, la consultoría The Competitive Intelligence Unit declaró que “antes eran las empresas las que se enfrentaban con las autoridades en los tribunales. Ahora son las propias autoridades las que se van a pelear a los tribunales entre sí. “El ambiente ‘enrarecido’ generó preocupación entre la industria, que pidió a las autoridades poner fin al conflicto”.

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