OIC indagará posibles faltas
Niegan suspensión a Rivada en juicio contra licitación
Rivada logró que un juez ordenara resguardar la propuesta que presentó para erigir la Red Compartida.
Claudia Juárez Escalona
Ene 8, 2017 |
23:11
Mónica Aspe Bernal. Subsecretaria de Comunicaciones de la SCT. Foto Archivo EE
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El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones que había admitido la demanda de amparo interpuesta por Consorcio Rivada en contra del fallo de la licitación de la Red Compartida negó la suspensión definitiva, pero otorgó un recurso para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) preserve intacta la propuesta económica y de cobertura presentada por el grupo.

En tanto, Consorcio Rivada informó que el Órgano Interno de Control (OIC) de la Función Pública, adscrito a la SCT, inició una investigación para deslindar responsabilidades en el proceso, en caso de encontrar faltas administrativas en el proceso de licitación de la Red Compartida, de acuerdo con Rivada.

El consorcio Rivada informó que el pasado 2 de enero, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública inició dicha investigación, bajo el expediente número 2017/SCT/DE1. Por lo que, en seguimiento a la apertura del expediente, Rivada dijo que presentará pruebas que demuestran que Consorcio Altán utilizó información privilegiada de la SCT para la elaboración de su propuesta, la cual la Secretaría tomó como ganadora de la licitación.

Dicho Juzgado, según Rivada, solicitó a la SCT la presentación de la propuesta presentada por el consorcio Altán dentro del mismo proceso, para efectos de revisión y comparación, como parte de los procedimientos para resolver sobre la utilización de información privilegiada por el grupo que la SCT consideró como “ganador del concurso” en cuestión.

Rivada reiteró que insistirá, mediante todas las acciones legales a su alcance, para salvaguardar sus derechos de empresa y el de los mexicanos, que “claramente, han sido engañados por el proceso conducido por la SCT y que resultará en la afectación de al menos 8.5 millones de personas de los sectores más desprotegidos del país”.

En tanto, el próximo 27 de enero vence el plazo para que el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones firme el contrato de Asociación Pública-Privada con Altán, consorcio que desplegará y operará la Red Compartida.

A mediados de diciembre del año pasado, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones admitió la demanda de amparo interpuesta por Consorcio Rivada en contra del fallo de la licitación de la Red Compartida.

Al tiempo que Rivada también promovió acciones legales en Estados Unidos, con el propósito de demostrar que el grupo Altán, utilizó información confidencial para la elaboración de su propuesta, la cual resultó ganadora.

Según dio a conocer el consorcio, el próximo 12 de enero del 2017 se llevaría acabo la realización de la audiencia constitucional.

cjescalona@eleconomista.com.mx

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