La ASF informa sobre los programas estrella en materia de inclusión digital
Auditoría Superior ve anomalías de la SCT, SEP, IFT y del Canal 22
La Auditoría Superior de la Federación encontró que la SEP y la SCT han fallado en sus políticas de educación digital y de acceso a la red, que el IFT no ha definido un parámetro de calidad en el servicio de Internet y que el Canal 22 no ha sabido llegar al público con su programación.
Foto: Cuartoscuro

La Auditoría Superior de la Federación resolvió que en el 2015 hubo anomalías en la entrega de televisores digitales para las familias más desprotegidas y tabletas para los niños de quinto año de primaria de todo el país, así como también en el despliegue de puntos de acceso gratuito a Internet y en la correcta vigilancia de los pagos de derechos por la explotación de espectro radioeléctrico.

El auditor de la federación además halló que los recursos ejercidos por un canal público de televisión para difundir la cultura e identidad de los mexicanos no fueron del todo bien aprovechados.

De esta manera, la ASF puso en entredicho el proceder de las políticas de inclusión digital, de educación electrónica y del buen arranque de las nuevas señales de televisión que llegaron tras el apagón analógico, que dirigen por su lado las secretarías de Educación y de Comunicaciones y Transporte, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Televisores con fallos y en bodegas

Según las conclusiones de la ASF, al cierre del 2015 se habían entregado 8 millones 801,842 televisores digitales que la Secretaría de Desarrollo Social había considerado para las familias más desprotegidas en su objetivo de cumplir con el apagón analógico. Pero la SCT, la dependencia encargada de entregar los equipos, no garantizó que todos los televisores cumplieran con las normas necesarias para señales de televisión digital y no entregó a tiempo 194,553 televisores, por lo que un igual número de familias no fueron beneficiadas con este plan de gobierno.

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La ASF estimó que cerca de 380,695 televisores presentarían igualmente algún tipo de deficiencia en la recepción de señales.

Los datos que arrojan estas auditorías reforzarían entonces los argumentos de los industriales de la televisión abierta y de organizaciones civiles que criticaron el programa de la SCT de entrega de televisores por considerarlo inadecuado para migrar de una tecnología de televisión a otra, oneroso y poco transparente a la hora de las rendiciones de cuentas.

Sin plan para e-México y sin política de calidad en Internet

En cuanto al programa México conectado que intenta ampliar la cobertura de acceso a Internet con puntos gratuitos de conexión en todo el país, la Auditoría Superior de la Federación encontró que la SCT no ha definido un plan que haga de esa iniciativa un provechosa alternativa para los mexicanos, aun cuando la dependencia había ejercido 2,406.5 millones de pesos en ese rubro en el 2015.

Por ello es que muchos de los resultados palpables de este plan se desconocen, definió la ASF.

No se logró comprobar la economía de los recursos ejercidos del programa, ya que los registros contables de la entidad no tuvieron el nivel de desagregación requeridos para identificar el gasto por cada objetivo del programa. No se contó con la cuantificación del total de espacios, edificios públicos, centros educativos y localidades de 200 a 400 personas que son las áreas de enfoque del programa, ni se evidenció el total de sitios susceptibles de ser conectados, ni los que están en operación”.

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En materia de la prestación del servicio de Internet, la dependencia informó que hasta el año 2015 el Instituto Federal de Telecomunicaciones no había emitido una norma común que regule la calidad mínima que deben ofrecer los proveedores.

“Las deficiencias en la regulación provocaron que se desconociera la calidad con la que los 1,826 concesionarios otorgaron el servicio al 40.2% de los hogares que contaron con éste. En el 2015, el IFT no avanzó en la atención del problema relativo a la falta de un marco normativo para realizar la supervisión del servicio de Internet que proporcionaron los 1,826 concesionarios, por lo que se desconoció si el servicio fue otorgado con calidad”.

Deficiencias en la vigilancia por el uso de espectro

Sobre el IFT, la Auditoría Superior Federación determinó además que el regulador mexicano de las telecomunicaciones no había actualizado el registro público de concesiones al cierre del 2015, que no había dado cumplimiento a tiempo al cobro de adeudos que los concesionarios mantuvieran con el Estado y que en algunos casos, tampoco verificó que los pagos de los concesionarios por la explotación de espectro estuvieran plenamente confirmados, según el resultado que arrojó una muestra realizada por la Auditoría.

“(Se recomienda) que el IFT instrumente las acciones conducentes para gestionar por medio de edictos el requerimiento de pago de 49 permisionarios, así como de 44 cuotas… en virtud de que dichos contribuyentes están ilocalizables, ya que los domicilios no están actualizados aun cuando los usuarios tienen la obligación de informar el nuevo domicilio”, se lee en una de las recomendaciones de la ASF que el Instituto debió atender en su oportunidad.

Entrega de tabletas a niños sin Internet

Las auditorias igualmente evidenciaron que la Secretaría de Educación Pública tuvo fallos en la entrega de tabletas para alumnos del nivel primaria.

El plan de la SEP era entregar 1 millón de tabletas a los estudiantes de quinto grado, con el fin de ponerlos al día en el uso de las nuevas tecnologías, pero la ASF también encontró problemas en este plan educativo.

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La ASF dijo que la SEP presumió haber entregado 988,489 tabletas, de las que 948,133 fueron a parar a manos de los estudiantes y 40,356 con los profesores, pero la dependencia rectora de la educación en México no le informó a la Auditoría Superior de la Federación de manera detallada cuántas tabletas se entregaron a cuántos alumnos y a maestros y en qué fecha, “por lo que no existe certeza de que la entrega de las tabletas se realizó con oportunidad”.

El auditor sólo pudo establecer que las tabletas se entregaron en 30,632 colegios públicos, de los que sólo 43% o cerca de 13,428 escuelas contaban con algún tipo de conexión a Internet.

“Y en el 2.1% no se dispuso de Informe de información sobre la disponibilidad de este servicio. En el 54.1%, en 16,562 colegios, no se contó con dicho servicio para garantizar la conectividad de las tabletas”.

Un canal de TV que no sabe a qué población llega

La SCT, la SEP y el IFT no fueron las únicas dependencias con mandatos de inclusión y formación social y cultural que se vieron señaladas en sus funciones por la ASF. El Canal 22, uno de los principales canales públicos del país con ya larga trayectoria, también tuvo despistes en su operación del 2015.

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Conforme a las auditorías, el Canal 22 recibió en el 2015 una bolsa de 331 millones de pesos para desarrollar “procesos de difusión de programación, producción y transmisión de programas culturales para atender a la población”, bajo el plan que la televisora definió como “Producción y transmisión de materiales educativos y culturales”.

Pero el canal no definió los criterios de clave para lograr el éxito de su plan cuyo fin tenía la inclusión cultural de más mexicanos. Asimismo, la ASF estableció que la dirección del canal tiene deficiencias en la toma de decisiones que mejoren el desempeño de la televisora en su operación general.

En el 2015, “mediante el programa presupuestario Producción y transmisión de materiales educativos y culturales, a cargo de Televisión Metropolitana (Canal 22), se realizaron las actividades de producción y de transmisión de programas culturales y por medio de sus cuatro señales la televisora llegó a 15 ciudades de la República Mexicana, que cuentan con una población de 38 millones 214,171 habitantes; sin embargo, la entidad fiscalizada no contó con una planeación estratégica en los procesos adquisición, producción y transmisión, a fin de conocer las necesidades de la audiencia y careció de un estudio que le permitiera identificar a la población que atendió con su señal”.

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nicolas.lucas@eleconomista.mx

mfh

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