La Haya.- La Corte Penal Internacional (CPI) ordenó el arresto del presidente sudanés, Omar Hasan al Bachir, por crímenes de guerra y lesa humanidad en la región sudanesa de Darfur, pero desestimó el cargo de genocidio.

Desde Jartum, el ministro de Justicia sudanés, Abdel Baset Sedrat, anunció que su país no entregará a al Bachir, poco después de que la portavoz de la CPI, Laurence Blairon, anunciara que la Camara Preliminar número 1 había emitió hoy una orden para su arresto.

La orden no incluye el cargo de genocidio, porque los jueces consideraron "por mayoría" que los documentos presentados por la fiscalía no tienen suficiente base para probar la "intención específica" de Al Bachir de destruir a una parte de la población, según explicó Blairon.

Sin embargo, la portavoz especificó que la fiscalía puede presentar "materiales adicionales" para que puedan modificarse los cargos aceptados hoy por los jueces y poder incluir la acusación de genocidio en una fase posterior.

La orden de arresto, que tiene efecto inmediato a partir de hoy, incluye siete cargos: cinco por crímenes de guerra -entre ellos exterminio, tortura y violación- y dos de lesa humanidad -ataques directos e intencionados contra la población civil y pillaje.

El cargo de genocidio necesita que haya "una clara intención para destruir y exterminar a una parte de la población", puntualizó Blairon.

La CPI pedirá la "cooperación de todos los Estados miembros del Estatuto de Roma, de los Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y, si fuera necesario, de otro Estado" para poder ejecutar la orden de arresto contra Al Bachir.

La jefa del registro de la CPI, Silvana Arbia, indicó que la detención "depende de la voluntad efectiva de los Estados a colaborar".

Al Bachir, que ocupa el poder en Sudán tras un golpe militar que encabezó el 30 junio del 1989, es el primer presidente en ejercicio sobre el que la CPI emite una orden de arresto.

La CPI es la primera corte internacional permanente para juzgar crímenes de guerra, entre ellos genocidio y lesa humanidad cometidos a partir de 2002, que es el año en que entró en vigor el Estatuto de Roma, que forma la base del funcionamiento de esta corte.

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