Washington. La Asociación de Barras de EU (ABA) decidió ingresar a la batalla legal sobre la controvertida ley Arizona, con el fin de que las policías locales y estatales determinen la condición migratoria de individuos detenidos por otras faltas y los retengan hasta que se puedan identificar.

Aunque la ABA normalmente espera hasta que una disputa legal llegue a la Corte estatal o federal más alta para ofrecer su opinión, su presidenta, Carolyn B. Lamm, describió el estatuto como un tema legal significativo que amerita la acción “extraordinaria pero no sin precedente” de la ABA a nivel de juzgado de distrito.

La ABA también representa la causa de los quejosos contra la ley Arizona, abogados de las firmas Skadden Arps Slate Meagher & Flom, Covington & Burlington y del Comité de Abogados por los Derechos Civiles Bajo la Ley.

En dos “planteamientos amistosos” presentados el 14 de julio ante la Corte federal en Phoenix, la ABA arguye que la ley Arizona “es un claro intento de usurpar facultades federales exclusivas” en violación de la Constitución, que previene a los estados contra la aplicación de leyes que pretendan sobreponerse al poder federal. Los planteamientos “no están motivados por algún partido o perspectiva política”, dijo Lamm, quien es socia del bufete White & Case en Washington. “Básicamente es una visión constitucional y legal sobre la ley Arizona, y sobre la forma en que debe funcionar el sistema jurídico”.

Los planteamientos fueron presentados como retos legales contra la ley, cuyo nombre completo es Ley de Apoyo a Nuestras Policías y Vecindarios Seguros, firmada por la gobernadora Janice Brewer el 23 de abril, para entrar en vigor el 30 de julio. El primer reto se presentó a nombre de diversos individuos y de varias organizaciones de defensa de los derechos civiles. El Departamento de Justicia presentó su propia demanda legal el 6 de julio a nombre del gobierno federal. Aunque los abogados de Arizona no han respondido al reto constitucional del gobierno, insisten en que la ley refuerza los estatutos migratorios federales “sin ningún conflicto”.