Phoenix. Una jueza federal en Phoenix bloqueó las principales disposiciones de la polémica ley de inmigración de Arizona, que entra en vigor este jueves, en parte, por la concesión de una orden judicial solicitada por la administración del presidente Barack Obama.

La jueza de distrito Susan Bolton declaró que la prohibición se aplicaría a la parte de la ley estatal que exige a la policía determinar el estatus migratorio de alguien si es que tiene razones para sospechar que la persona está en EU de manera ilegal.

En una demanda presentada contra Arizona, el gobierno de Obama dijo que la ley era inconstitucional y advirtió que la disposición puede acarrear una discriminación por perfil racial y el acoso de los ciudadanos de Estados Unidos, inmigrantes legales y visitantes extranjeros.

Bolton dijo en su fallo que “no era de interés público” de Arizona hacer cumplir una disposición que previene la aplicación federal de la ley de inmigración.

También se pondrán en espera partes de la ley que imponen a los extranjeros llevar determinados documentos, y el que sea ilegal que los trabajadores indocumentados hagan solicitud de empleo en lugares públicos.

Bolton declaró que la prohibición parcial debe aplicarse hasta que los problemas sean resueltos por los tribunales.

La sentencia significa que otras partes de la Ley SB 1070 entrará en vigor el jueves a las 12:01 de la mañana; las demás disposiciones a las que se les permitió entrar en vigor incluyen los procedimientos y revisiones menores a los actuales estatutos de Arizona.

El Departamento de Justicia celebró la decisión, diciendo que el tribunal “actuó correctamente al impedir disposiciones clave” de la ley que entra en vigor.

“Si bien entendemos la frustración de los ciudadanos de Arizona con el sistema de inmigración roto, un mosaico de políticas estatales y locales podría afectar gravemente la ley de inmigración federal, y en última instancia sería contraproducente”, aseguró la portavoz del Departamento de Justicia, Hannah August.

“Los Estados pueden y deben desempeñar un papel en la cooperación con el gobierno federal en su aplicación de las leyes de inmigración, pero deben hacerlo dentro de nuestro marco constitucional”, agregó.

“El gobierno asume su responsabilidad de asegurar nuestras fronteras y ha dedicado recursos sin precedentes para ese esfuerzo. Se seguirá trabajando hacia la más inteligente y eficaz aplicación de nuestras leyes; al mismo tiempo se presionará para crear un enfoque integral que ofrezca una verdadera seguridad y fortalezca la rendición de cuentas y responsabilidad en nuestro sistema de inmigración a nivel nacional”, afirmó August.

Los grupos de defensa que planeaban varias campañas de desobediencia civil para protestar contra la ley dijeron que estaban satisfechos con la resolución parcial. Sin embargo, hicieron hincapié en que la decisión es temporal y comunicaron que los problemas subyacentes que produce la legislación siguen vigentes.

“No es una victoria completa”, dijo Pablo Alvarado, director ejecutivo del Programa Nacional de Jornaleros en Phoenix, donde algunos manifestantes y periodistas se reunieron. “Las condiciones que dieron origen a la SB 1070 todavía están en la mesa”.

Alvarado relató que una parte de la ley sobre cómo los jornaleros solicitan trabajo sigue en vigor, y dijo que su grupo estará “de pie en solidaridad” con los jornaleros, cuando esa disposición entre en vigencia este jueves.

Otros grupos defensores de lo inmigrantes realizaron una protesta el miércoles en la oficina del alguacil Joe Arpaio, quien tiene a su cargo el Condado de Maricopa. Arpio ha adoptado un enfoque agresivo para combatir la inmigración y ha prometido seguir adelante con sus acciones.

Antes del fallo, manifestantes hicieron presencia en las calles de Phoenix para protestar por la ley. Los manifestantes tenían previsto varias formas de desobediencia civil en caso de que la ley entrara en efecto.

“Nuestro mensaje para mañana es el incumplimiento”, dijo Liz Hourican, un organizador con el grupo Código Rosa, quien participó en las protestas. “No compres, no cumplen y la resistencia pacífica. Le estamos diciendo a la gente que no traiga sus papeles, que no traiga sus documentos de identidad”, agregó.

Mientras tanto, muchos jefes de policía y alguaciles de todo el estado tenían dudas sobre diversas partes de la ley. “Supongo que todo el mundo está con agujas y alfileres resolviendo sus casos en este momento; ésa es la mejor manera de expresarlo”, dijo el alguacil Antonio Estrada del Condado de Santa Cruz, en la frontera mexicana. “Si esto sigue adelante, tenemos una pesadilla en nuestras manos”, coemntó.