El costo de la inseguridad en México ya sobrepasa el 15% del Producto Interno Bruto (PIB), y de no controlarse se caerá un círculo vicioso de mayor desigualdad y pobreza, advirtió el sector privado este domingo.

El deterioro de infraestructura como carreteras, puentes, instalaciones públicas y plantas de generación de electricidad, usualmente a través de actos vandálicos, están considerados entre los principales costos generados por el crimen y la violencia, afirmó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

La inseguridad no sólo afecta el patrimonio de las personas, sino que su incidencia pone en riesgo la vida, la libertad y la salud de los individuos.

Cada año son desviadas de actividades productivas enormes cantidades de recursos para tratar de prevenir y combatir los efectos negativos que la inseguridad trae consigo, lo que obstaculiza tanto el desarrollo como el crecimiento económico del país, agregó el organismo empresarial.

En su Análisis Ejecutivo Económico, el organismo aglutinado en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sostuvo que de no controlarse la delincuencia, el riesgo de que el país caiga en un círculo vicioso de mayor desigualdad y pobreza que conduzca ineludiblemente a un mayor nivel de criminalidad, aumenta peligrosamente.

El CEESP destacó que las pérdidas económicas y materiales que genera la delincuencia actúan como un impuesto expropiatorio que afecta la asignación de recursos y que provoca un deterioro en el estado de derecho.

El ambiente de inseguridad que se vive en el país propicia que tanto la sociedad como el gobierno tengan que asumir una serie de costos asociados a esta problemática. El CEESP considera que los análisis que intentan estimar estos costos generalmente subestiman los cálculos, ya que sólo se toman en cuenta los costos asociados directamente con los delitos y suelen pasarse por alto todos los recursos que se invierten para tratar de protegerse y aquellos que asumen una vez que fueron víctimas de la inseguridad.

“La debilidad de un estado de derecho que proteja la integridad física de las personas y de los bienes genera un ambiente poco propicio para la inversión y el comercio, lo que impacta negativamente la formación de capital, la competitividad de las empresas y la generación de empleos productivos. En suma, la delincuencia obstaculiza el crecimiento económico y contribuye a aumentar la pobreza”, afirmó el sector privado.