Sin Fronteras Por: Joaquín López-Dóriga Ostolaza

La semana pasada, nuestra “honorable” Cámara de Diputados tuvo la ocurrencia de improvisar un cambio sin razón de última hora para decretar el viernes 20 de noviembre como día de asueto.

Esta decisión, apresurada, atropellada y tomada al más puro aventón, pudiera considerarse como trivial, pero tristemente constituye una muestra emblemática de la manera de legislar en nuestro país.

Puede que las intenciones detrás de esta propuesta hayan sido buenas; sin embargo, la ligereza con la que fue hecha y, aún peor, aprobada, la propuesta denota una falta de profesionalismo, rigor y, me atrevo a decir, de sentido común con la que desafortunadamente se toman la mayoría de las decisiones en ese recinto legislativo.

Los argumentos para apoyar el “doble puente” se basaban en la idea de fomentar el turismo y el consumo al tener un día festivo adicional.

Sin embargo, es claro que dichos argumentos no tienen mayor validez cuando el día festivo adicional se anuncia con muy poca anticipación y cuando la mayoría de la población se encuentra en una situación económica en la que difícilmente podría aumentar su gasto para viajar en semanas consecutivas.

Por otro lado, es claro que los diputados no hicieron el más mínimo esfuerzo por cuantificar el costo de decretar un día de asueto inesperado.

Un asueto bien planeado, puede resultar en un estímulo económico que apoye una economía estancada.

Sin embargo, un día de asueto improvisado a última hora implica costos adicionales importantes para la planta productiva del país como pagos de salarios al doble o triple del costo normal y horas extras.

Asimismo, el asueto implica pagos de sueldos a una gran cantidad de personal que no labora, empezando por los burócratas.

Hay experiencias muy claras en otros países donde hay evidencia del impacto negativo que tienen los días de asueto inesperados sobre la actividad económica en general. El ejemplo más reciente que viene a la mente de este columnista es el descanso obligatorio decretado en Estados Unidos para celebrar el funeral de Estado del expresidente Ronald Reagan el 11 de junio del 2004.

Algunos expertos estiman el costo a los contribuyentes en términos de salarios que se pagaron a burócratas, que no trabajaron a raíz de ese asueto, en aproximadamente 400 millones de dólares.

A pesar de que la propuesta de asueto aprobada en la Cámara de Diputados sea probablemente rechazada por el Senado, es absurdo que nuestro Poder Legislativo pierda el tiempo discutiendo este tema cuando la agenda legislativa debería estar concentrada en analizar y legislar los cambios en materia estructural que requiere México para progresar.

Lo más preocupante es que la falta de rigor, análisis, seriedad y el exceso de ligereza con que aprobaron esta propuesta en la Cámara de Diputados pudieran ser las mismas características que imperan en el resto del trabajo legislativo.

Qué pena tener una Cámara de Diputados tan superficial y distante de nuestra realidad.