Sin Fronteras Por: Joaquín López-Dóriga Ostolaza

En el mes de junio dedicamos una columna a la posibilidad de una reducción en la calificación de riesgo soberano de México por parte de las calificadoras principales.

En ese momento identificamos cuatro problemas fundamentales que enfrenta México, que ponen en riesgo la calificación: I) La falta de consenso político para implementar reformas que impulsen el crecimiento económico; II) La debilidad estructural de las finanzas públicas y la necesidad de ampliar la base de recaudación; III) La vulnerabilidad de las finanzas públicas a los precios y producción de petróleo; y IV) la debilidad del marco institucional.

Para algunos de nuestros políticos, el tema de la calificación puede ser algo muy subjetivo que representa una etiqueta sin mayor importancia. Sin embargo, nadie puede negar que los cuatro argumentos enunciados en el párrafo anterior sean, en buena medida, las principales razones por las cuales México no ha podido
reaccionar con medidas contundentes -como otros países- para contrarrestar los efectos de la crisis.

Con la llegada de una nueva Legislatura a la Cámara de Diputados y el excelente discurso del presidente Felipe Calderón con motivo de su Tercer Informe de Gobierno, este columnista llegó a soñar por un momento que la clase política por fin sentía la obligación de empezar a discutir e implementar las reformas estructurales que desde hace años viene ignorando o evitando para favorecer sus mezquinos intereses partidistas.

Sin embargo, el nivel de debate en la discusión de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación denotan que la prioridad de la clase política sigue siendo cómo repartir el botín en lugar de actuar en beneficio de los ciudadanos.

Es realmente patético que no se pueda ni siquiera llegar a discutir un tema como el impuesto al consumo generalizado, porque uno de los partidos lo tiene prohibido por estatutos.

Nuestros gobernantes se empeñan en colocar parche tras parche para que no se derrumbe la casa en el siguiente temblor. Esto, a pesar de que en este último terremoto económico fuimos la casa más jodida de todo el vecindario. Hasta a la que estaba situada justo en el epicentro le fue mejor.

Aunque algunos de nuestros gobernantes reconocen que lo que realmente necesita la casa es una nueva cimentación que le permita echarle varios pisos más encima, el tiempo corre y aquí no pasa nada.

Hay quienes argumentan que México no se merece un downgrade porque su déficit fiscal medido como porcentaje del PIB será máximo de 1%, mientras que otros países desarrollados como Estados Unidos y Gran Bretaña alcanzarán niveles de 13 y 10%, respectivamente.

El argumento tiene cierto mérito, pero es una visión muy estrecha de los factores que influyen en la determinación de la calificación. México está plagado de problemas estructurales que han hecho a nuestra economía rígida, vulnerable y cada vez menos competitiva.

La debilidad de las finanzas públicas y su dependencia del petróleo son sólo un punto dentro de la lista de razones para que México se haga acreedor a una reducción en la calificación de riesgo crediticio soberano.

Salvarse del downgrade sería un regalo de las agencias calificadoras. Ojalá que la reducción en la calificación funcione como una llamada de atención (sí, otra más) para nuestros gobernantes, a ver si así se ponen a trabajar.