En las décadas anteriores, el proceso de consolidación de las Áreas de Servicio Local (ASL) ha tenido un notable avance para los consumidores mexicanos; sin embargo, limitado respecto de otros países.

Todavía en 1995, México venía de tener más de 2,000 ASL y pasó a contar con aproximadamente 1,200.

Por ejemplo, en aquel entonces un habitante de la ciudad de México podía hablar con otros 3 millones con una llamada local, en tanto que un habitante de un pequeño poblado marginado requería del servicio de larga distancia para 98% de sus llamadas.

En realidad, no existía un concepto geográfico de área local propiamente dicho, sino que se trataba de poblaciones o centros urbanos atendidos, enlazados por “larga distancia”.

A partir de la entrada de la competencia, precisamente en el segmento de larga distancia, y también la subasta de frecuencias de espectro para telecomunicaciones celulares y acceso inalámbrico, se obligó a definir las nuevas y verdaderas áreas geográficas dentro de las cuales se prestaría el “servicio telefónico local”, ya sea fijo o móvil. Se establecieron así las 397 ASL que son con las que seguimos contando el día de hoy.

Además, en esos años, era común tarificar las llamadas telefónicas con base en la distancia geográfica de los usuarios, es decir, llamar de Cuernavaca a Tijuana representaba un precio mayor que de Cuernavaca a Puebla. Sin embargo, las condiciones tecnológicas y de mercado actuales han hecho obsoleta esta forma de tarificación, con lo que hoy, el incremento en la capacidad de los equipos y medios de transmisión, la caída en precio de éstos y el desarrollo de nuevas tecnologías, como las basadas en el protocolo IP, han permitido frasear este proceso como la muerte de la larga distancia. Muerte, sí, definitivamente como negocio principal de los operadores de telecomunicaciones.

Actualmente se busca llevar a cabo la consolidación de 70 ASL, proceso que ha sido retrasado por los recursos legales a la mano del principal operador del mercado fijo, además, argumentando que la medida le representaría una nada despreciable merma de ingresos por 42 millones de dólares mensuales.

Cabe insistir, esos casi 500 millones de dólares al año son, simultáneamente, la misma extracción de beneficios que innecesariamente se hace de los consumidores mexicanos, dada la tecnología disponible y la regulación posible.

Es precisamente en estos casos que la regulación debe operar para compensar las imperfecciones de mercado derivadas del conflicto entre el interés público y el privado (utilidad económica derivada de los negocios, por cierto, por demás justificada porque se trata de empresas que invierten en infraestructura necesaria para el desarrollo integral).

Así, el beneficio de contar con una tarifa homogénea en zonas con alto intercambio económico y social no es exclusivo de los usuarios, sino que también el conjunto de los operadores de telecomunicaciones (fijos y móviles) se verían beneficiados por la intensificación del uso de este servicio derivado de la desaparición de una importante barrera a la competencia. Por ejemplo, la consolidación eliminaría el pago de la tarifa de reventa para los concesionarios en aquellas ASL que no estaban abiertas a la competencia.

Es, afortunadamente, la misma autoridad del sector quien reconoce la importancia de tender a empatar los términos de operación de nuestro sector de telecomunicaciones con los mejores ejemplos observables en el mundo. La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) ha reconocido que este proceso va a beneficiar a 913 poblaciones en el país, en las que se encuentran 2.76 millones de líneas fijas.

Con todo, es claro quién se beneficia de la estructura actual de operación del mercado mexicano.

Si convertimos la pregunta a términos de quién o quiénes se perjudican con la conservación de la estructura de larga distancia actual, dadas las capacidades tecnológicas vigentes, la experiencia regulatoria y los avances de mercados en otros países, la respuesta es contundente.

Los perjudicados seguimos siendo los usuarios mexicanos, todas las comunidades, pero particularmente las rurales de menor dimensión, la productividad de sus agentes económicos y la competitividad vista a nivel nacional.

*Director General de The Competitive Intelligence Unit (www.the-ciu.net)

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