La demanda interna no tiene el financiamiento ni la fuerza para reactivar al mercado automotriz”.

A primera vista, resultó un éxito inusitado el programa del gobierno de Barack Obama que ofreció hasta 4,500 dólares por vehículo de 10 años o más a cambio de uno nuevo. En dos meses se vendieron 700,000 autos mediante la inversión de 2,900 millones de dólares.

Recordando que las ventas un mes antes de estallar la recesión eran de 16 millones de vehículos a tasa anualizada, y que en febrero pasado cayeron a 9 millones, en la primera semana del plan “Dinero por chatarra” de dispararon a 19 millones (siempre a tasa anualizada), y en agosto, al finiquitarse el programa, eran de entre 13 y 15 millones.

Como quiera que se vea, fue un importante estímulo a la industria automotriz. Sin embargo, todo indica que se trató de una burbuja de auge que en los próximos meses quedará desinflada por la escasez de financiamiento, por el creciente desempleo y por un factor totalmente imprevisto, que es el aumento en los precios de las unidades, una tendencia que encabezó Toyota.

Más allá de las siempre odiosas comparaciones y de las proporciones de los programas de chatarrización en México y Estados Unidos, los temas de la falta de financiamiento y el desempleo aquí y allá son relevantes porque tienen que ver con la reactivación de la industria automotriz en México.

En el terreno de la realidad, nuestro autóctono Programa de Renovación Vehicular no alza el vuelo por diversas razones, a pesar de los buenos deseos de los titulares de AMDA, José Gómez Báez, y de AMIA, Eduardo Solís, y del supuesto que ya se cuenta en la zona metropolitana del Valle de México con la friolera de tres empresas chatarrizadoras, para atender 4,000 solicitudes.

La semana antepasada, la Secretaría de Economía, aún a cargo de Gerardo Ruiz Mateos, asignó los primeros 250 millones de pesos del programa, lo que en teoría serviría para renovar, a partir de esta semana, unos 16,000 autos. Según su participación de mercado, les tocaron 61 millones a General Motors, 56 millones a Nissan, 49 millones a Volkswagen, y así en orden descendiente.

Está muy bien que los 260 distribuidores participantes hayan aceptado hacerse cargo de todos los trámites para simplificar el asunto, pero ¿qué pasa si el potencial cliente no es sujeto de crédito?

Está muy bien que Nacional Financiera, a cargo de Héctor Rangel Domene, haya comprometido garantías hasta por 3,000 millones de pesos al programa, pero también es cierto que en estos momentos el banco de desarrollo tiene muchas otras prioridades qué atender.

Está muy bien que varios bancos, financieras automotrices y hasta entidades como Autofin hayan aceptado sumarse al programa, pero en tiempos de astringencia, dominarán criterios para otorgar créditos más severos de lo usual.

Como meollo del asunto, el otorgamiento de créditos se presenta como la principal barrera. Al que lo dude, baste indicar que según Banco de México, los créditos al consumo de la banca comercial en julio cayeron 4.6 por ciento.

A pesar de todo, vale insistir que en el fondo, el programa es una buena idea, no sólo por la parte de protección ambiental, sino también por su potencial de estímulo económico, pero que desafortunadamente ha carecido de una buena instrumentación, incluyendo explicarle al público bien a bien de lo que se trata.

Pero no todo está perdido. Resulta positivo que las propias firmas automotrices se están acercando a los legisladores para buscar soluciones a la mala implementación del programa.

Diputados y senadores aseguran que firmas como Nissan, Ford y GM se han acercado a ellos con la doble intención de buscar la salida a su frustración por este programa gubernamental que, evidentemente, necesita cambios y, por el otro lado, para cabildear que sea el Congreso quien corrija los problemas.

En su primera etapa, el programa mexicano incluía 33,000 vehículos, pero como van las cosas, esa meta difícilmente se alcanzará. No porque falte gente que tenga autos de más de 10 años y con un valor aproximado a 15,000 pesos ni mucho menos por la buena intención de las armadoras y distribuidoras mexicanas.