Jorge Monroy y Laura Vega / El Economista
Datos de la Presidencia revelan que se han incumplido compromisos asumidos ante la ONU para instaurar un procedimiento de extinción de dominio.
Y es que si bien el Artículo 22 de la Constitución establece que el Estado puede acceder -tras un juicio- a los bienes utilizados por la delincuencia organizada, el sistema aún adolece de un marco jurídico para combatir su estructura financiera y operativa.
El Congreso dejó pendiente en el 2008 una ley sobre extinción de dominio, que pondría poner al país en paridad con Estados Unidos, donde existe un programa que ha incautado más de 10,000 millones de dólares en efectivo, según el Departamento de Justicia de la Unión Americana.
En la "congeladora" del Senado se encuentran las iniciativas de ley sobre incautación de bienes que han presentado por separado el presidente Felipe Calderón y la bancada del PRD.
El senador panista y exasesor de la Secretaria de Gobernación, Ulises Ramírez, presentó el 26 de abril una iniciativa en la materia, en la que reconoce que las autoridades del gobierno federal carecen de herramientas para ubicar, asegurar y, en su caso, decretar la pérdida de dominio.
Consejo de Seguridad
México ocupa a partir del 1 de enero un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el periodo 2009-2010, organismo que tiene como principal finalidad resolver los conflictos internacionales.
Por cuarta ocasión el país estará en este puesto, donde una de sus intenciones será analizar vías para enfrentar de manera conjunta el terrorismo, la pobreza extrema y el deterioro ambiental.
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