El tráfico de influencias, el contrabando, sobornos, peculado, uso particular de bienes públicos y la impunidad en México no terminarán con la Operación Limpieza ni con los actuales órganos de control del sistema de impartición de justicia, porque muchas veces “el Estado trabaja” para la delincuencia organizada, considera la fracción del PRD en el Senado de la República.

Ante ello, los legisladores perredistas José Luis Máximo Zalvidea, Rubén Fernando Velásquez López, Antonio Mejía Haro y Rosalinda López propusieron ante el Senado crear la Unidad de Inteligencia Patrimonial, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, para dotar al Estado mexicano de nuevas herramientas que hagan posible la identificación y castigo de servidores públicos, que al amparo de su encargo pretendan enriquecerse a costa de la economía nacional o comprometer el ejercicio de sus funciones con actos ilícitos o con el narcotráfico.

De acuerdo con su iniciativa, turnada a comisiones para su análisis, es responsabilidad del Estado investigar y combatir el tráfico de influencias, procurar el fortalecimiento institucional y erradicar la corrupción en el país a través de mayores métodos de transparencia y organismos de control en el sistema de impartición de justicia, debido a que la actual estructura administrativa del gobierno impide la vigilancia pública sobre el desempeño de los servidores.

Después de que la organización Transparencia Internacional ubicara a México en el sitio 72 de corrupción, de una lista de 180 países, los senadores perredistas urgieron a la creación de esa unidad de investigación y pesquisa de funcionarios públicos, que trabajaría del lado de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para identificar “comportamientos extraños” en el aparato burocrático. Ello, advirtieron, después de que en la PGR ya se detectó la infiltración del narcotráfico.

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