Escudados en la figura “excepcional de guerra”, los integrantes del Ejército mexicano asignados a tareas de combate a la delincuencia organizada siguen sin poder ser procesados en el orden civil.

Ello provoca que actualmente existan en los tribunales militares más de 500 averiguaciones previas sin sentencia por tortura, robo o intimidación a personas, aseguran senadores del PRD.

Los legisladores Lázaro Mazón Alonso, Silvano Aureoles, Rubén Velazquéz y José Luis Máximo García Zalvidea presentaron en abril pasado en el Senado una iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar, para establecer que cuando un integrante de las fuerzas castrenses cometa un delito federal o común, además de ser procesado ante los tribunales militares, la autoridad civil también pueda conocer el delito cometido, para que los militares sean procesados en igualdad de circunstancias que los ciudadanos y los integrantes del crimen organizado.

Los perredistas argumentan que si bien el Artículo 13 de la Constitución establece que cuando en un delito cometido por militares estuviese involucrado un ciudadano será la autoridad civil la que conozca de la falta, en el Código de Justicia Militar -en sus artículos 57 y 58- se permite: “Un excepcional de guerra facultando a los juzgados militares para conocer los delitos y faltas contra la disciplina militar.

“No omitimos ni negamos el derecho de miembros de las Fuerzas Armadas para ser juzgados por sus iguales ante delitos contra la disciplina militar, delitos entendidos de manera diferente a aquellos del orden civil. Sin embargo, estos beneficios contravienen derechos ciudadanos de mayor relevancia y necesarios para prevalecer un verdadero Estado de Derecho que garantice juicios imparciales y transparentes.

“Estas violaciones perpetradas por las autoridades llamadas a erradicarlos incrementan la magnitud de la ofensa a la comunidad y exige que dichos miembros de las Fuerzas Armadas sean juzgados en igual situación jurídica que los delincuentes del crimen organizado”, destacan los legisladores, quienes hicieron un llamado para que lo antes posible, las comisiones del Senado dictaminen la iniciativa. 

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