El Gobierno mexicano publicó una reforma que obligará a los operadores de telefonía a guardar datos de sus usuarios y de llamadas, en una medida que busca más control sobre el uso de líneas móviles que se han convertido en una herramienta para el delito.

Los cambios a la Ley Federal de Telecomunicaciones forzarán a las empresas a contar con documentación y huellas dactilares de quienes adquieran líneas telefónicas, tanto en planes tarifarios como de prepago, que puedan ser usados en investigaciones contra el secuestro, extorsión, amenazas y delincuencia organizada.

También crean la obligación de llevar 12 meses de registros detallados de todas las llamadas y servicios de mensajería generados desde un teléfono en el país, incluyendo datos de ubicación y número de origen y destino.

Los operadores no están obligados actualmente a tomar datos de los clientes de celulares prepagados, lo cual hace muy difícil rastrear las llamadas desde y hacia teléfonos, utilizados cada vez con mayor frecuencia por secuestradores y extorsionadores en medio de la ola de violencia que atraviesa el país.

Según parlamentarios mexicanos, una 700 bandas criminales usan teléfonos celulares con fines de extorsión y para negociar la entrega de víctimas de secuestros, algunas incluso desde el interior de las cárceles.

El decreto entrará en vigencia 60 días después de su publicación.

La mayoría de los más de 70 millones de usuarios de telefonía móvil de México usan líneas prepagadas, que son adquiridas con un mínimo trámite en tiendas de operadores como Telcel, de la gigante América Móvil; Movistar, de la española Telefónica; y la local Iusacell.

Algunos operadores de telefonía celular criticaron el proyecto de reforma cuando aún estaba en discusión en el Congreso mexicano, alegando que incrementaría la burocracia y que no sería efectivo para reducir la delincuencia.

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