“El voto en blanco reforzará el voto duro” y terminará por favorecer a los partidos grandes, en detrimento de las aspiraciones de las fuerzas políticas emergentes, asegura en entrevista Octavio Nava Manrique.

El especialista en asuntos electorales observa que en el país se experimenta una territorialización de los programas sociales y una operación político-electoral desplegada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en la ruta de la elección federal del 5 de julio.

Politólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con maestría en Administración pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Octavio Nava Manrique es comentarista en la emisión sabatina de “Víctor Carreón en Fórmula” que se transmite por el 104.1 de FM.

Indicó que los futuros legisladores tienen pendiente la tarea de tomar cartas en el asunto de las campañas por Internet y confía en que el actual Instituto Federal Electoral (IFE) que preside Leonardo Valdés Zurita, enfrentará con eficiencia la encomienda de organizar el proceso electoral en curso, pese a los nubarrones del abstencionismo y el cuestionamiento al nuevo marco legal.

¿Qué es lo que se elige el 5 de julio?

El próximo 5 de julio concurren 11 procesos electorales locales con el proceso electoral federal. Se van a renovar la Cámara de Diputados en su totalidad: 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional.

Habrá 6 elecciones para gobernador y otras 5 donde estará en juego, como en el DF, la renovación de la Asamblea Legislativa y las 16 Delegaciones, y en los otros casos, se renovarán alcaldías y Congresos locales. De esos procesos locales, las 6 gubernaturas que se renuevan serán de la mayor importancia.

En este caso, el Estado de Nuevo León, San Luis Potosí y Colima. Y sin duda, las elecciones del Estado de México y del Distrito Federal representan para sus gobernantes, Enrique Peña Nieto y Marcelo Ebrard, respectivamente, una oportunidad para legitimarse, para plebiscitar su ejercicio de gobierno y en esa medida potenciar sus posibilidades con miras hacia el 2012.

Este es un proceso electoral que se rige por la nueva ley electoral reformada en 2007, que regula incluso por primera vez las precampañas, ¿cuál fue la experiencia de este ejercicio previo? ¿Cómo se comportaron los partidos?

Efectivamente, en noviembre de 2007 fue aprobada por el Congreso de la Unión la nueva reforma electoral que esencialmente destacó un nuevo modelo de comunicación política. Es una reforma que se da a raíz de las elecciones de 2006, que fueron muy polémicas, en las que se cuestionaron muchos aspectos de la ley electoral. Esto obligó a un arregló electoral distinto y una de las cosas que ha estado aprueba es ese modelo de comunicación política.

Las precampañas que iniciaron en febrero y terminaron en marzo, con una duración de 45 días, revelaron, desde el principio, una pugna entre la autoridad electoral y los medios de comunicación, en particular de las televisoras. Las televisoras no han podido aceptar que el IFE, de acuerdo a la nueva ley electoral, sea el administrador único de los tiempos que el Estado tiene destinados para radio y televisión. Eso se ha expresado de diferentes maneras. Por ejemplo, la tónica de las precampañas fue en lo que se ha dado en llamar las campañas sucias. Sabemos que en 2006, el PAN asesorado por el experto en elecciones Antonio Sola recurrió a este tipo de campañas.

Campañas que consisten en la descalificación, la calumnia y la agresión de los adversarios. Este método lo puso en marcha en las precampañas el presidente del PAN, Germán Martínez Cázares, a partir de una realidad: algunos encuestadores revelaron que el PRI estaba 18 puntos arriba en la intención del voto. Esto preocupó a la Presidencia de la República y a la dirigencia del PAN. De modo que en las precampañas pudimos ver el ejercicio pleno de este método donde el PAN descalificó a su principal adversario el PRI y pudo bajarle 10 puntos, por lo que después de las precampañas llegamos a las campañas con un empate técnico. La encuesta de María de las Heras constata que la distancia entre PAN y PRI no es más de cinco puntos.

Para despejar dudas, ¿cuál ha sido el papel de los medios en este proceso electoral?

Los medios de comunicación han sido y seguirán siendo muy importantes en la disputa electoral. Hay que recordar que para este año el Gobierno federal elevó sus gastos de difusión a 1,800 millones de pesos. De modo que esto, combinado con la crisis de la influenza, el Gobierno ha podido tener una mayor presencia frente a la ciudadanía. No es casual que, al primero de junio, se difunda una encuesta donde se confirma que el nivel de aceptación entre la ciudadanía del Presidente Calderón es muy alto: de 69%.

¿Qué opina de la falta de regulación de las campañas por Internet?

El hecho de que el legislador no haya regulado las campañas por Internet es un gran faltante. La realidad ha demostrado que las campañas se han trasladado de los medios de comunicación masiva hacia la Internet. Un valor interesante a destacar es que los usuarios cotidianos en Internet son preponderantemente jóvenes. Por lo que los partidos mayoritarios no han escatimado en recurrir a todo tipo de prácticas. Recordemos que en Internet se están dando las campañas de lodo. Recientemente se subió un famoso video a YouTube utilizando la canción de la película Rudo y cursi que protagoniza el actor mexicano Gael García Bernal. Una oportunidad para que anónimamente se haga una ácida crítica al gobierno de Veracruz, específicamente al gobernador Fidel Herrera Beltrán.

Es tal la importancia que ha cobrado Internet que el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) difundirá por este medio algunas campañas de comunicación. Internet es un espacio donde todos nos podemos expresar libremente; empero, hay una línea muy delgada que separa lo que puede regular el legislador y el respeto a la libertad de expresión.

¿Hasta qué punto se ha inmiscuido el Gobierno federal y los gobiernos de los Estados en el proceso electoral?

Tenemos el ejemplo del Distrito Federal donde el padrón de beneficiarios de útiles escolares y uniformes es de un millón 200 mil, el apoyo a adultos mayores de 430 mil, 100 mil niños talentos, 200 mil jóvenes con becas en educación media superior, 70 mil apoyos a discapacitados, 355 obras en curso en la Ciudad de México y se construye la Línea 12 del Metro. Todas estas acciones permiten al Gobierno del DF poder consolidar una base social, una clientela política para que el PRD pueda alcanzar una mayoría en la Asamblea Legislativa. Incluso han instalado 300 comedores populares en zonas de alta marginación, de marcada pobreza; con el Programa Ángel, un programa de salud, están apuntando hacia 4.5 millones de beneficiarios; incluso el Seguro de desempleo intenta beneficiar a 70 mil capitalinos. Toda esta operación que consiste en la territorialización de los programas sociales es la parte que se privilegia en un escenario de alto abstencionismo.

Esto que está haciendo el gobierno del DF, lo está haciendo el gobierno del Estado de México, Guanajuato, Chihuahua, Colima, en fin; las 32 entidades federativas están trabajando de manera intensa, quirúrgica, calculada, en la territorialización de los programas sociales.

Para variar, en días pasados, el hijo del viejo líder del SNTE, Carlos Jonguitud Barrios, de nombre Carlos Jonguitud Carrillo, que encabeza el movimiento Tercera Vía, grupo disidente dentro del magisterio, reveló que el Partido Nueva Alianza (Panal) se benefició en 2006 con más de 50 mil maestros que lograron ser funcionarios de casilla. Esto a la luz de la alianza entre la maestra Elba Esther Gordillo y el Presidente Calderón toma mayor relevancia al evidenciar una operación político-electoral en la pasada elección federal.

¿Cómo explica la corriente a favor del voto en blanco?

Es respetable está corriente de opinión. Es válida. Pero habría que valorar algunos de los riesgos. Como se sabe el IFE tiene la obligación legal de promover el voto. Y en este sentido, la campaña del voto en blanco le complica el trabajo logístico electoral a la autoridad en la materia. Además, el IFE ha sido cuestionado por una serie de decisiones que desde la mirada del Tribunal Federal Electoral (Trife) han sido poco consistentes desde el enfoque jurídico.

Por otro lado, las televisoras le han escatimado la preeminencia que la ley le ha dado para administrar los tiempos en radio y televisión. Si a esto agregamos que las elecciones intermedias tienen regularmente baja participación, en conjunto son elementos que complican la labor de la autoridad electoral.

Directo, sin ambages, Nava Manrique estimó que “el voto blanco refuerza el voto duro. Atenta contra el pluripartidismo que ha sido una de las aspiraciones de la democracia mexicana; es decir que haya más opciones políticas. Es cierto que puede haber un hastío para la corriente a favor del voto en blanco y que no le satisfacen las ocho ofertas políticas existentes. Es válido. Es legítimo. Pero es un atentado directo contra los partidos emergentes.”

“El IFE reveló en un informe que 7,351 secciones electorales, es decir casi 14 mil casillas, el 10 por ciento del total que se instalarán, tiene problemas para integrar a las mesas directivas” alertó el especialista en elecciones. En consecuencia, “los capacitadores electorales no han podido convencer a los ciudadanos para que participen como funcionarios de casilla. Este dato es preocupante si lo cruzamos con la operación del magisterio. La ley dice que las elecciones van a estar manejadas por los ciudadanos; pero sí los ciudadanos no quieren participar, ni el abstencionismo ni el llamado al voto blanco van a favorecer al sistema electoral”, pronosticó.

En la cruzada por el voto en blanco, ¿algún actor será el más beneficiado?

Desde mi punto de vista sí. El mismo José Antonio Crespo ha dicho que el abstencionismo expresado por el voto en blanco es una conducta racional. Sin embargo, habría que considerar que si votara el 35 por ciento, recordemos que podrán votar 77.4 millones de mexicanos, estaríamos hablando de 27 o 28 millones de votantes. De esos datos, ¿cuántos votarán por el PAN, PRD y PRI? De modo que los partidos pequeños tendrán poca oportunidad de disputar una parte de esa bolsa electoral.

En esa lógica, los partidos tendrán que obtener como mínimo el 2 por ciento de la votación para conservar su registro. De modo que, es legítima la expresión de la corriente de opinión a favor del voto en blanco; pero terminará favoreciendo a los grandes partidos.