El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad firmado el 21 de agosto del 2008, fracasó a casi un año y la evaluación de expertos otorgó una calificación de 4.8, sobre 60 de 74 compromisos que correspondía asumir a los tres Poderes de la Unión, Estados y Municipios, reveló México Unido contra la Delincuencia.

“Ya no creemos en mas acuerdos, incluso las propias autoridades no confían entre sí. El derroche de recursos para llegar a esto no se justifica. Estamos ante un estado de emergencia nacional por lo que es necesario hacer un balance y replanteamiento de las propias instituciones. Hoy menos que nunca, está fuera de lugar medrar con la inseguridad’, expresó Ana Franco de Wattnem.

Lo peor del incumplimiento es que “identificamos que todo se redujo a una prioridad administrativa y no estructural. Se fortaleció una burocracia especializada en control de gestión, orientada a llenar formularios y a no dar respuestas efectivas. Se ha perdido de vista que el objetivo no es solo atacar síntomas sino también las causas de la enfermedad’’.

La presidenta de México Unido, enfatizó que no basta con que renuncien los funcionarios que incumplieron.

“¡La renuncia es lo más fácil! Lo deseable es que aquellos que no cumplieron por omisión o negligencia se les aplique la Ley, que “vayan a la cárcel’’.

En la evaluación de seguimiento al Acuerdo Nacional, el Poder Ejecutivo tenía 28 compromisos, sólo cumplió uno, por lo que se le calificó con 5.2; el Poder Legislativo se comprometió en siete, de ellos cumplió el mismo número a “medias’’ y recibió un siete.

El Poder Judicial de la Federación tenía 10 compromisos y llegó a niveles “alto, medio y en incumplimiento’’ por lo que se le otorgó 8 de calificación; los Estados con siete compromisos apenas llegaron a nivel “medio’’ por lo que se les otorgó tres y por último, los 2,400 Municipios
contaban con ocho acciones, quedaron en niveles “bajo y nulo’’ por lo que recibieron 0.9 de calificación.

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