El secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo, llamó a poner "las cosas en su justa dimensión" y no hacer señalamientos sobre una mala administración del Instituto Federal Electoral hasta que la Contraloría General termine con las auditorías respectivas.

Luego de que en la víspera la Contraloría General dio a conocer diversas irregularidades administrativas en áreas del IFE, como el cobro indebido de cheques y adjudicación de obras a empresas inexistentes, Jacobo Molina pidió esperar a que concluyan las investigaciones.

Sin embargo, adelantó que de comprobarse que algún funcionario incurrió en anomalías, tendrá que afrontar las consecuencias, pues "aquí no hay perdones y sí consecuencias penales".

"Si alguien en algún concurso presentó alguna documentación falsa o demás, nosotros vamos a proceder. Y si algún funcionario del instituto fue omiso pues también habrá consecuencias", subrayó.

El secretario ejecutivo reconoció que le preocupa que "puedan generar ideas o juicios no sustentados en una auditoría que se haya concluido".

Insistió en que en la mayoría de los casos reportados por el contralor Gregorio Guerrero las investigaciones aún no han terminado.

"Yo pido nada más que esperemos a que concluya para ver cuántas de estas observaciones van a quedar firmes, cuántas se van a aclarar, en qué términos y, si hay irregularidades o hay algún problema se tomarán medidas. Pero en muchos casos no son concluyentes", explicó.

Sostuvo que hasta el momento todas las solicitudes de información de la Contraloría a las áreas que investiga se han respondido en tiempo y forma y "si no hemos contestado algunas es porque todavía no concluye el plazo".

Durante la sesión extraordinaria del miércoles, el Consejo General del IFE aprobó el informe del primer semestre del año presentado por la Contraloría, en el que se encontraron diversas irregularidades administrativas de las direcciones ejecutivas de Administración y de Organización Electoral, entre otras.

Entre esas irregularidades destacan sobrejercicios en los presupuestos autorizados para adecuaciones de almacenes, bodegas, centros de distribución e impresión del instituto, así como adjudicaciones de contratos a empresas inexistentes o con documentación apócrifa y pagos indebidos por trabajos no ejecutados.

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