La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, como involucrado en la violación grave a derechos humanos durante el conflicto magisterial en la capital de esa entidad.

En la votación final sobre el dictamen de la investigación que realizó el alto tribunal con respecto a los hechos ocurridos entre mayo de 2006 y enero de 2007, la Corte subrayó que la participación del mandatario estatal no fue atenuada.

El Alto Tribunal deslindó de la participación en esos actos al entonces presidente Vicente Fox y sus secretarios de Gobernación y Seguridad Pública, así como a sus sucesores.

Los ministros resolvieron que no deben ser señalados como responsables de violaciones a garantías individuales, el ahora diputado del PRI, Ardelio Vargas, entonces jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva, y el ex coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo, Héctor Sánchez.

En una votación mayoritaria de ocho contra dos resolvieron que Ulises Ruiz sí tuvo responsabilidad y no de forma atenuada, como lo proponía el ministro Mariano Azuela en su proyecto, al igual que mandos y agentes de las policías estatal y municipal.

Coincidieron, además, en que los derechos violados por omisión o falta de preparación fueron el de acceso a la justicia, a la paz, a la integridad personal, a la vida y se violaron las garantías de libertad de tránsito.

Asimismo las garantías de expresión, trabajo, educación, pensamiento y de último momento se añadió la violación a la libertad de acceso a la información.

Esas garantías violadas se hicieron presentes por la incapacidad del gobierno estatal para atender la problemática social que derivó en protestas que ocasionaron la inactividad comercial, el libre tránsito y el respeto al uso de espacios públicos, expuso.

La determinación de la Suprema Corte en investigaciones a violaciones graves a derechos humanos no es jurídicamente vinculante, sino que sólo constituye un dictamen que será enviado al Ejecutivo federal, al Congreso de la Unión, a la Procuraduría General de la República y al Poder Legislativo de la entidad.

De esta forma, a partir de los resolutivos de la SCJN estas autoridades decidirán si se inician procesos penales, administrativos, civiles o políticos contra de los servidores públicos señalados en el dictamen.

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