Desde hace meses se había anticipado lo que ahora está ocurriendo: que no se cumpliría la meta de registrar a los millones de usuarios de telefonía móvil en la fecha fijada, aseguró Gabriel Sosa, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y especialista en telecomunicaciones.

“La culpabilidad recae en el gobierno y en las empresas de telefonía celular, porque no llevaron a cabo campañas intensas y adecuadas para el registro.

Además, es un trámite en el que millones de personas no confían”, agregó al referirse al Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut).

Desafortunadamente ha quedado demostrado que es muy fácil registrar los teléfonos con el nombre de otras personas para seguir cometiendo delitos, basta con obtener una CURP y registrarla. Hace falta un trabajo minucioso de cotejo de datos para verificar la autenticidad de la información, dijo.

Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit dijo: “Vivimos en un país en donde más de 10% de la gente no tiene ni siquiera una acta de nacimiento, en donde los códigos postales no empatan con colonias, delegaciones o municipios”.

Aunado a ello, hay que tomar en cuenta, agregó, el costo que deben asumir las empresas, en capacitación, los mensajes que no cobran para los usuarios, para crear una base de datos interna, entre otros.

Frenar extorsiones, origen

En diciembre del 2008, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó con 88 votos en favor, la reforma para crear un registro nacional de teléfonos celulares, con el objetivo de combatir las extorsiones, chantajes y secuestros.

Dicha reforma pretendió desde sus orígenes el control de la venta de teléfonos celulares, para ello, a partir de su entrada en vigor, el usuario tiene que mostrar documentación y se le tomará su huella digital lo que permitirá monitorear la localización del aparato.

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el registro podrá ser consultado para investigaciones criminalísticas a través de una petición del procurador estatal o del titular de la PGR.

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