El presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, informó que se inició una investigación para corroborar o desechar violaciones a las garantías individuales de 28 funcionarios detenidos en Michoacán por su presunta relación con el narcotráfico.

Entrevistado en el Senado, el ombudsman nacional señaló que por "cortesía política" el gobierno federal debió haber informado al gobernador Leonel Godoy sobre la realización del llamado Operativo Michoacán, donde se detuvo a 10 alcaldes y 18 funcionarios estatales.

Antes de participar en el Seminario Internacional "Perspectivas de los Derechos Humanos en el Siglo XXI. Derechos Humanos y Desarrollo. La Migración, la Trata de Personas y el Desarrollo Regional de la Frontera Sur", dijo que hay "modos y formas" para realizar este tipo de operativos en los estados.

Informó que familiares y abogados de los detenidos presentaron ante la CNDH y la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán, diversas quejas por probables violaciones a las garantías individuales durante la detención ocurrida la víspera.

Derivado de esas denuncias, destacó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se inició de inmediato un proceso de investigación para corroborar o desechar esa hipótesis.

"En principio, tenemos quejas, en principio yo no veo violaciones, en principio, eso no quiere decir que no haya habido. Usted sabe que nosotros tenemos que investigar, tenemos que enterarnos bien de las cosas, hasta después lo sabremos", expresó.

Comentó que la víspera se presentaron las primeras quejas ante la CNDH por lo cual "ya estamos actuando porque ayer mismo", pues se argumentó que no sabían el motivo de las detenciones.

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