El procurador general de la República, Eduardo Medina-Mora, subrayó que la PGR no violentó la soberanía del estado de Michoacán durante el operativo que se aplicó en esa parte del país el 26 de mayo, pues se actuó con apego a la Constitución.

En una misiva dirigida al gobernador Leonel Godoy, señaló que la institución actuó con apego a las disposiciones constitucionales y legales que autorizan y obligan al Ministerio Público de la Federación a investigar y perseguir los delitos del orden federal.

Expuso que ante los indicios de la probable comisión de delitos del orden federal, cuya investigación y persecución corresponde al agente del Ministerio Público Federal, se debe proceder a buscar y presentar las pruebas que acrediten el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los inculpados.

Indicó que el ejercicio de esas facultades se hace en todo el país, incluyendo instalaciones o edificios públicos sujetos a la jurisdicción de las autoridades estatales o municipales, pues en ellos no se excluye la comisión de delitos del orden federal.

En consecuencia, puntualizó Medina-Mora, no se violenta la soberanía del estado de Michoacán ni el principio de distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas, establecido en el Artículo 41 constitucional.

"Ordenamiento que señala que el ejercicio de la soberanía se realiza por medio de los Poderes de la Unión, en lo que hace a la competencia de éstos y por los poderes de los Estados en lo que se refiere a sus regímenes interiores, dispuesto en el Artículo 12 de la Constitución Política de Michoacán de Ocampo", precisó.

Abundó que como indica el Código Federal de Procedimientos Penales en sus artículos 18, 73, 82 y 44, el agente del Ministerio Público Federal goza de la acción más amplia para emplear los medios de investigación que estime conducentes para la comprobación del cuerpo del delito y la responsabilidad del indiciado.

Además, agregó, puede requerir la presentación de personas, incluyendo empleados oficiales, sin necesidad de orden judicial ni intervención de las autoridades locales, así como auxiliarse de la fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones.

En otra parte de su carta el titular de la PGR precisó que la orden de localización y presentación de personas tiene por objeto asegurar su comparecencia ante el Fiscal de la Federación para rendir declaración frente a los hechos materia de la averiguación previa.

Puntualizó en ese sentido que las órdenes de presentación y localización libradas por el Ministerio Público de la Federación, así como la manera en que fueron ejecutadas, tienen pleno sustento jurídico y validez constitucional.

Al dirigirse a Godoy informó que la Procuraduría General de la República (PGR) iniciará una investigación para determinar la manera en que se ejecutó la orden de localización y presentación en el caso concreto del Palacio de Gobierno y de resultar procedente se deslindarán las responsabilidades correspondientes.

Medina-Mora también expresó al mandatario estatal que el operativo en Michoacán fue concitado por un ánimo genuino de aplicación de la ley en aras de un México más seguro.

Por ello lo exhortó a remontar percepciones alusivas a acciones ajenas a Derecho y a dejar atrás esa controversia con el fin de fortalecer la colaboración con el gobierno estatal en la lucha contra la delincuencia organizada.

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