Hermosillo.- Los empleados del gobierno estatal consignados por su presunta responsabilidad en el incendio en la guardería “ABC” fueron suspendidos de sus cargos, para salvaguardar la conducción de las investigaciones.

El titular de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, Ignacio Pinto Avelar, indicó que se inició la notificación de las suspensiones a Ignacio Alduenda Salazar, analista técnico y Arturo Torres Escalante, subdirector encargado de bodegas.

Asimismo, causará baja Álvaro Pacheco Ferral, coordinador administrativo, Francisco Arturo Bracamontes Córdova, analista técnico, Juan Esteban Parra Valenzuela, coordinador técnico y Jesús Adán Méndez Duarte, analista programador.

La dependencia estatal también le notificó su cese a Manuel Gaxiola Santacruz, Coordinador Técnico y Jorge Lavandera Peñuñuri.

Pinto Avelar expuso que la suspensión de estos empleados adscritos a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, se realizó con fundamento en el artículo 78, fracción X, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

Expuso que los servidores públicos fueron cesados de sus puestos por haber realizado conductas presuntamente constitutivas de responsabilidad administrativa por la posible violación del artículo 63, fracciones I y II, de esta misma ley.

A consideración del gobierno estatal, comentó, la permanencia en los cargos que ocupan los servidores públicos involucrados en este caso, pudiera representar un obstáculo para la mejor y eficiente conducción de las investigaciones que se realizan.

La suspensión de sus cargos puede cesar cuando la autoridad lo considere, pues de no resultar responsables de las fallas que se les imputa, serán restituidos en sus puestos y se les cubrirán las percepciones que dejaron de recibir durante la suspensión, anotó.

El pasado 22 de junio, el procurador estatal de justicia, Abel Murrieta Gutiérrez, confirmó la detención de Manuel Gaxiola Santa Cruz, Francisco Arturo Bracamontes Córdova, Juan Parra Valenzuela e Ignacio Alduenda Salazar.

Asimismo, se ejecutaron órdenes de aprehensión contra Alvaro Pacheco Ferral, Jorge Antonio Lavandera Peñúñuri y Arturo Torres Escalante, quienes un día después salieron libres tras cubrir una fianza de $20,000 cada uno.

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