La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por el caso de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, documento que dirigió 10 puntos al IMSS, cuatro al gobierno de Sonora y cinco al municipio de Hermosillo.

Pide a las instancias investigar los delitos cometidos, para identificar a los responsables, y que se les impongan las sanciones legales correspondientes por los hechos en los que fallecieron 49 menores y resultaron heridos muchos más, al igual que algunos adultos; a la fecha hay siete niños lesionados.

En este caso, la CNDH pidió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS):

• Hacer una revisión inmediata de las condiciones físicas y legales en que operan las guarderías subrogadas en todo el país, así como en aquéllas en que el servicio se preste de manera directa.
• Verificar la operación de dichas estancias, y que determine si es procedente que continúen los servicios o si procede la suspensión de los mismos, por no garantizar condiciones de seguridad.
• Capacitación a servidores públicos de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, a nivel nacional, en materia de subrogación del servicio público de guardería.
• Verificar los contratos de subrogación vigentes, y los que son en favor de la guardería ABC.

El propósito es que dicha información se aporte a la autoridad competente y para que resuelva sobre la suspensión o cancelación de dichos contratos.

• Proporcionar atención quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica, psicológica y de rehabilitación de por vida a los menores lesionados y a los trabajadores afectados de ese centro infantil.
• Dar atención psicológica a los padres o tutores de los infantes fallecidos y lesionados, así como apoyarlos para sufragar los gastos por la remisión de sus hijos a otros centros médicos, tanto nacionales como extranjeros, lo que incluye hospedaje y alimentación.
• Valorar y atiender médica y psicológicamente a los menores que no resultaron lesionados.

Al gobierno de Sonora, se le solicitó dar vista a la Contraloría General de la entidad para que investigue a los servidores públicos involucrados en los hechos, y que se dicten lineamientos para que todos los bienes inmuebles arrendados o propiedad del gobierno estatal sean sometidos a revisión periódica física y normativa.

Por último, solicita a la presidencia municipal de Hermosillo, Sonora, dar vista de esta recomendación a la Contraloría Municipal, a fin de que la considere al deslindar responsabilidades, y se instruya a la Unidad Municipal de Protección Civil para que elabore un Atlas de Riesgo, entre otras acciones.

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