La opacidad de la justicia militar en México dificulta el seguimiento de las quejas de los ciudadanos en contra de las Fuerzas Armadas, señala un informe del Departamento de Estado norteamericano enviado al Congreso, al que tuvo acceso la AFP.

Desde la llegada a la presidencia de Felipe Calderón, en noviembre de 2008, hasta mayo de 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió un total de 2,050 quejas ciudadanas contra personal militar.

"En general, sin embargo, la información recibida del gobierno mexicano sobre esos casos, y la opacidad del sistema judicial militar dificultan el análisis de la naturaleza y el tipo de quejas", señala el informe del Departamento de Estado.

El informe fue enviado la semana pasada a un subcomité del Senado, y es un requisito imprescindible para que el Congreso estadounidense no bloquee parte de los fondos de la denominada Iniciativa Mérida, de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Más de 1,400 millones de dólares tiene previsto desembolsar Estados Unidos en la Iniciativa Mérida solamente para México, en los próximos tres años.

El subcomité senatorial encargado de la aprobación de fondos de ayuda exterior había rechazado una primera versión de este informe.

El informe

La Secretaría accedió a investigar 25, señala el informe.

El Departamento de Estado aseguró en el informe que solicitará a México el seguimiento de esas recomendaciones.

A pesar de esos obstáculos, el informe del Departamento de Estado traza un panorama optimista del respeto a los derechos humanos en México y elogia vivamente los esfuerzos del gobierno Calderón en la lucha contra el narcotráfico.

Numerosas organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles han entrado a formar parte de consejos de evaluación del respeto a los derechos humanos y la lucha contra la corrupción del Ejército, la Procuraduría General y de la Policía mexicana, destaca el texto.

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