El informe que el Departamento entregó en agosto "no demuestra que México cumple con los niveles que justificarían la liberación de los fondos condicionados", indicó HRW.

Ese informe, requisito imprescindible para que el Congreso estadounidense libere parte de los fondos de la Iniciativa Mérida, señaló que "la opacidad del sistema judicial militar" dificulta "el análisis de la naturaleza y el tipo de quejas" de ciudadanos contra las Fuerzas Armadas.

HRW indicó que el reporte "reconoce fallas estructurales en el sistema de justicia militar, incluyendo su falta de transparencia, lo que es inconsistente con el argumento de que este sistema de justicia puede efectivamente tratar casos de abuso militar".

Asimismo, da cuenta de doce condenas emitidas por tribunales militares, pero no especifica que cuatro de los soldados castigados fueron castigados por crímenes que no eran violaciones de derechos humanos y que ocho de los casos se habrían producido en la década de 1990, según la ONG con sede en Washington.

"No debe ser considerada una justificación suficiente para liberar los fondos retenidos de Mérida", dijo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.

Más de U$1,400 millones tiene previsto desembolsar Estados Unidos en la Iniciativa Mérida solamente para México, en los próximos tres años.

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