México cuenta con un sistema adecuado y transparente para detectar movimientos monetarios inusuales, que pueden preceder o ser susceptibles de convertirse en ilícitos, expresó la subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR, Marisela Morales Ibáñez.

Destacó que en lo que va de la presente administración federal, la Unidad de Lavado de Dinero de la PGR ha iniciado casi 700 averiguaciones previas sobre este ilícito, algunas de ellas incluso en colaboración con autoridades de otros países.

Además de que en dicho lapso han sido asegurados por todas las unidades especializadas de la SIEDO, alrededor de 149 millones de pesos derivados de la comisión de diversos ilícitos, así como 96 cuentas bancarias en varios bancos que operan en el país, con montos que superan los 250 millones de pesos, apuntó.

Al participar en el 11 Seminario Internacional de Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento al Terrorismo, organizado por la Asociación de Bancos de México (ABM), Morales Ibáñez señaló que las autoridades también han detenido a más de 370 personas relacionadas con estos ilícitos.

Por ello, la funcionaria reconoció que ha sido de importancia la labor de jueces en el otorgamiento de medidas cautelares para continuar con el trabajo en contra de estos flagelos.

Por otra parte, subrayó que las autoridades ya están trabajando en la Ley Contra el Lavado de Dinero, pues es uno de los compromisos que asumió el presidente Felipe Calderón con todos los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad.

Resaltó que dicho proyecto, que se enviará a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) para su consulta pública, involucra a todas las autoridades dependientes de las secretarías de Hacienda y de Seguridad Pública, además de que ataca desde la prevención, hasta el combate, sanción y decomiso de bienes derivado de este ilícito.

Morales Ibáñez enfatizó asimismo que los golpes que han asestado se han logrado gracias al trabajo conjunto con otras dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública Federal, de Hacienda y el trabajo de los jueces.

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