El presidente de la CNDH José Luis Soberanes emitió una recomendación al secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna para iniciar una averiguación previa en contra de los elementos de la PFP que detuvieron a funcionarios del gobierno de Michoacán y presidentes municipales.

Al reunirse con senadores que dan seguimiento a este caso, el ombudsman nacional sostuvo que la detención de dichos funcionarios realizada en mayo de 2009 por la entonces denominada Policía Preventiva es ilegal ya que los cateos se efectuaron sin la autorización correspondiente.

Por ello en las recomendaciones que emitió a García Luna también le solicitó que se inicie el procedimiento administrativo para investigar a los elementos de la PFP involucrados en los hechos.

Además, Soberanes precisó que también se emitieron recomendaciones al procurador General de la Republica para que se repare el daño ocasionado a los afectados.

Por medio de apoyo psicológico, médico y de rehabilitación para restablecer la situación física y psicológica en que estaban antes de la violación a sus derechos humanos, precisó.

Además la CNDH también detectó una dilatación indebida del proceso y que no se desahogaron las pruebas para poder determinar la responsabilidad penal de los agraviados.

Soberanes dijo a los senadores que además la autoridad judicial determinó que las declaraciones de los testigos protegidos tienen pleno valor probatorio lo cual es ilegal.

Por su parte el presidente del Senado, Carlos Navarrete adelantó que estas violaciones a los derechos humanos no deben quedar impunes por lo que la Cámara alta actuará en consecuencia cuando el grupo especial que lleva el caso llegue a una conclusión.

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