En la discusión sobre la iniciativa de reforma política del presidente Felipe Calderón, se ha dado a conocer su defensa por parte del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, así como la respuesta general por parte de partidos de oposición y algunos expertos invitados a diversos foros.

Junto con expertos y partidos, hay un grupo de ciudadanos no organizados formalmente, con planteamientos específicos respecto de los puntos propuestos por la iniciativa presidencial; así como con referencia a puntos que, consideran, no se encuentran en la propuesta formal, pero merecen estar en ella.

Para discutir abiertamente sus posturas, estos ciudadanos realizarán un Foro Ciudadano mañana 27 de febrero sobre el Paseo de la Reforma (frente a las oficinas del IMSS) a las 11 de la mañana.

Por lo pronto, El Economista le adelanta algunos de sus planteamientos en voz de sus actores.

Elección Consecutiva: Propone reelección de legisladores federales y locales hasta un máximo de 12 años; así como la reelección de autoridades locales.

La imposición de una cultura antireeleccionista en México es el engaño histórico más grande que nos han impuesto a los mexicanos. El 86% de los senadores y 46% de los diputados en el Congreso actual han sido legisladores en congresos anteriores. La reelección sí existe, sólo que los ciudadanos no tienen el derecho a evaluar a los políticos.

Guillermo García Sánchez, presidente de Reelige o Castiga.

Composición Cámaras: Reducir a 400 miembros la Cámara de Diputados (240 de mayoría y 160 de representación proporcional) y a 96 la Cámara de Senadores.

Se trata de un despropósito orientado por un supuesto clamor popular. La reducción de diputados implica, en primer lugar, el crecimiento del ámbito territorial de los distritos, con lo que los de por sí lejanos representantes van a quedar aún más lejos de sus electores. Además, implica aumentar el número de votos necesarios para elegir a un diputado y mayor cobertura territorial.

Jorge Javier Romero, profesor de la UAM.

Segunda vuelta electoral: Si ningún candidato obtiene 50% de los votos plantea una segunda vuelta entre los dos candidatos punteros, en concurrencia con la elección legislativa.

La segunda vuelta presidencial puede ser una buena noticia en términos de que permite a los electores votar por su opción preferida en la primera vuelta; es decir, olvidarse del llamado voto útil. La mala noticia, en la iniciativa presidencial, es que se proponga que la elección legislativa concurra con la segunda vuelta. Eso es forzar a los electores a optar por menos opciones legislativas.

Rogelio Gómez Hermosillo, presidente de Alianza Cívica.

Candidaturas independientes: Respaldadas para su registro por al menos 1% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral respectivo.

Érase una vez un Presidente que presentó como iniciativa las candidaturas independientes. Los de amarillo le tomaron la palabra pero la líder del equipo rojo, doña Beatriz, dijo: “No pasarán”. ¿Acaso se ha preguntado cuál es la alternativa ciudadana ante un grupo de partidos que no ofrecen algo que les satisfaga? Las candidaturas independientes son una forma de complementar el sistema democrático.

Es deseable que los integrantes del equipo rojo, cada uno de ellos, se pronuncien sobre el tema. Lamentable sería que por órdenes de su líder, toda la bancada se subordine en un “no” rotundo… y claro, sería el mejor ejemplo de que sus integrantes representan los intereses de su líder, y no los de los ciudadanos que hemos dicho claro y fuerte: ¡Déjenos competir…!

Elisa de Anda, candidata ciudadana en el 2009.

Suprema Corte: Podrá presentar iniciativas de ley en el ámbito de su competencia.

Si lo que se pretende privilegiar es la experiencia de la SCJN, no queda claro porque se limita la iniciativa a cuestiones vinculadas a su ámbito de competencia. La facultad de iniciativa significa formalizar la participación de la Corte en el regateo legislativo, lo cual haría que ésta tuviera que ofrecer algo a cambio del apoyo de los legisladores. En suma, los costos de dar facultad de iniciativa a la SCJN superan a los potenciales beneficios.

Camilo Saavedra, experto en constitucionalismo.

Iniciativa preferencial: Facultar al Presidente para que pueda remitir al Congreso un número determinado de iniciativas, deberán ser votadas antes de que concluya dicho periodo.

Coincide con la posibilidad del Ejecutivo de presentar iniciativas preferentes; sin embargo, la prohibición de que estas iniciativas sean en materia constitucional. La iniciativa preferente y el veto parcial le ayudan al Ejecutivo negociar con el Legislativo. Obliga a los legisladores y al propio Ejecutivo a clarificar sus posturas y a involucrarse en la discusión.

Antonio Martínez Velázquez, Wikipartido México.

Referéndum: Se limita a iniciativas preferentes de reforma constitucional en las que el Congreso no se haya pronunciado, y a solicitud del Presidente.

La postulación vinculante entre afirmativa ficta y referéndum puede ser tramposa. Habría que presentarlas por separado. Por lo que se refiere al referéndum, es notorio el carácter excluyente de la propuesta en tanto no considera la posibilidad de que sea solicitado por los ciudadanos y/o por los legisladores, sino que acota la facultad al Ejecutivo.

Maite Azuela, DHP

Aprobación presupuestal: Posibilidad del Ejecutivo de observar, ya sea parcial o totalmente, las leyes o decretos aprobados por el Poder Legislativo.

Es urgente dar certeza jurídica al ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación, si éste no es aprobado antes del 1 de enero, fecha en que inicia su ejercicio fiscal. El veto parcial o total del Presupuesto por parte del Ejecutivo es una opción viable, que le permitiría rechazar modificaciones del Congreso que a su juicio sean inviables técnica, financiera o políticamente.

Alberto Serdán, ANCA.

Porcentaje de registro: Elevar de 2 a 4% el umbral de voto para que un partido mantenga su registro.

La propuesta no tiene problemas en sí misma, sino en el contexto del sistema político completo que pretende construir el conjunto de reformas propuestas por el Presidente.

Subir el umbral a 4% de la votación nacional, acompañado de la segunda vuelta presidencial con la elección de legisladores diferida a la segunda votación, y la reducción del número de diputados reduciría la pluralidad en el Congreso.

Andrés Lajous, ANCA.