El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública ordenó a la PGR dar a conocer el número de testigos protegidos que ha utilizado (desde el 2006 a la fecha) en sus investigaciones, incluso debe abrir información sobre el gasto ejercido por concepto de protección.

La Procuraduría General de la República había clasificado la información como reservada durante un periodo de 12 años. El órgano garante de la transparencia consideró como inadmisible que la dependencia haya clasificado los datos, pues la información sobre gastos deberá estar al alcance de los ciudadanos.

La comisionada Sigrid Arzt Colunga se encargó de elaborar la ponencia. En el documento presentado indica que la información solicitada es meramente estadística, es decir, no impide las acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de delitos; además, tampoco forma parte de averiguaciones previas.

En este sentido, se instruyó a la PGR a que realice una búsqueda exhaustiva en el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, el cual debe tener la información estadística concentrada.

Lo que confirmó el IFAI es inexistencia (hecha por la PGR) en relación con el número de testigos a los cuales se les ha cambiado la identidad, así como del sueldo que reciben. La argumentación es que dichas personas no son sujetos de alguna percepción económica fija ni de cambios de identidad.

La PGR había clasificado la información por 12 años como parte de averiguaciones previas, lo cual fue desechado.

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