Violencia en Tijuana, bajo control: Coparmex

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Ana Langner / El Economista

En el 2007, la seguridad en Baja California estaba en crisis. El número de secuestros, ejecuciones y las actividades del crimen organizado mantenían asolado al estado y en particular a Tijuana. Los empresarios gastaban sumas millonarias en protección o debían operar en Estados Unidos para evitar ser víctimas de los criminales.

Tras una amplia coordinación entre gobierno, sociedad civil, instituciones de seguridad e industria privada, hoy la violencia en esta entidad “está controlada”, dijo Juan Manuel Hernández Niebla, presidente de la Coparmex Tijuana. Relata que a partir del 2006, el Cártel de los Arellano Félix comenzó a dividirse y comenzaron a elaborar actividades ilícitas que le pegaron a la sociedad, los actos violentos se dispararon.

Tijuana se convirtió entonces en el centro de atención noticiosa de todo el país. La situación se complicaba con la política: el Gobernador del estado era panista y el Presidente municipal de Tijuana era priísta; no pudieron acordar cómo enfrentar el problema.

Con la entrada del nuevo gobernador, José Guadalupe Osuna, las fuerzas de Baja California comenzaron a coordinarse a través de la zona militar que controló las labores de inteligencia. Entonces las actividades del crimen organizado comenzaron a acortarse al grado de sacar a los líderes del estado.

El Presidente de Coparmex Tijuana destacó que el 2007 y el 2008 fueron los años con mayor incidencia delictiva registrada; sin embargo, fue a mediados del 2008 que comenzó a observarse una caída hasta que en el 2009, hubo una disminución a lo largo del año que logró superarse en el 2010.

La presión de los empresarios fue fundamental, comenzaron a exigirle a los gobernantes acuerdos y estrategias coordinadas entre los gobiernos federal, estatal y municipal en el combate al crimen.

La medida arrojó frutos, pues en el periodo de enero a agosto del presente año, la incidencia delictiva total de Baja California disminuyó 7 por ciento.

Hernández Niebla explicó que la totalidad de los delitos se componen en 88% de incidencia del fuero común y 12% del fuero federal. Durante este año, los delitos del fuero común disminuyeron 9%, en contraste con el fuero federal, el cual presentó un incremento de 11 por ciento.

De acuerdo con el empresario, el comportamiento delictivo de julio a agosto en Mexicali muestra una sustantiva reducción en casi todos los delitos, lo cual repercute positivamente en todo el estado. Dicho comportamiento fue afectado directamente por el arranque del nuevo sistema de justicia penal en el estado en la que los acusados se presentan de frente al juez.

Modelo a reproducir

El empresario confía en que este modelo de seguridad se reproduzca en todos los estados fronterizos.

Enfatizó que Baja California ya no figura entre los estados más violentos por narcotráfico debido a reajustes del crimen organizado y la coordinación operativa de las diversas corporaciones de seguridad pública a nivel estatal y federal.

A pesar de una disminución de los delitos de alto impacto a nivel estatal, los homicidios en Tijuana y Ensenada, atribuidos a los conflictos entre narcomenudistas que se disputan las plazas, no permiten mostrar total mejoría, también el hecho de que en el primer semestre del 2010 se hayan confiscado más toneladas de marihuana que en el 2009 puede estar provocando las encarnizadas luchas.

La denuncia ciudadana ha tenido un impacto favorable en el aseguramiento de cargamentos y personas vinculadas con el crimen organizado, sostiene Juan Manuel Hernández Niebla.

alangner@eleconomista.com.mx

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