Foto: EE Archivo

Chihuahua, Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz, Baja California, Nuevo León y Durango son las entidades más violentas del país, en las cuales se registró 70% de los 47,515 homicidios de alto impacto cometidos hasta septiembre del 2011. Yucatán es la única entidad que no entra en esta estadística, reveló la Procuraduría General de la República (PGR).

La dependencia reportó ayer que dichas cifras son resultado de los informes enviados por las procuradurías y fiscalías generales del país en los últimos meses. De acuerdo con esas cifras, se indicó, entre enero y septiembre del año pasado se registraron 12,903 asesinatos con “características de actos perpetrados por la rivalidad entre organizaciones delincuenciales”.

Informó que el 2011 es el primer año en que “el crecimiento de la tasa de homicidios es menor, comparado con lo observado en años anteriores. Esto es, a septiembre del 2011 fue de aproximadamente 11% menos; mientras que para el comparativo 2009-2010 fue de 70%; del 2008-2009, 63%, y del 2007-2008, 110 por ciento”.

El documento “Fallecimientos por Agresión Directa” puede ser consultado en la página www.pgr.gob.mx. En el desglose, los municipios mencionados como de mayor número de asesinatos son Ciudad Juárez (Chihuahua), con 1,206; Acapulco (Guerrero) 795, Monterrey (Nuevo León) 399, Culiacán (Sinaloa) 365, San Fernando (Tamaulipas) 292, Tijuana (Baja California) 183 y Veracruz con 155.

El informe expone que en diciembre del 2006 se registraron 62 homicidios; en el 2007, 2,826; en el 2008, 6,838; en el 2009, 9,614; en el 2010, 15,273, y en nueve meses del 2011 fueron 12,903.

Además, la PGR añadió que 10,200 asesinatos de alto impacto son producto de la rivalidad entre organizaciones criminales; 311 de ellos fueron producto de algún enfrentamiento; 740 por ejecución directa, y 1,652 en escaramuzas.

Enfatiza que los homicidios están concentrados en algunas entidades.

NO TIENEN PROCEDIMIENTO

CIFRAS DE PGR GENERAN INCERTIDUMBRE: INSYDE

Las cifras entregadas por la Procuraduría General de la República en su conteo de las muertes relacionadas con el narcotráfico generan incertidumbre, pues el gobierno federal no ha revelado el procedimiento ni la fuente en la que se basó para estimarla, indicó a El Economista Ernesto López Portillo, presidente del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde).

Dicho procedimiento es necesario para calificar de manera adecuada la eficiencia de las autoridades encargadas de la seguridad nacional, indicó.

Cuestionó la metodología aplicada para el conteo y urgió a dar a conocer si el cálculo integra a los desaparecidos relacionados con el crimen organizado.

Cada cifra que informa el Ejecutivo es cada vez más alta, lo que indica que el gobierno federal reconstruye la cifra sin dar a conocer la metodología.

“Se necesita conocer la metodología de manera explícita, se requiere saber cómo se construyó esta cifra y si coincide con los números de las distintas secretarías encargadas de la seguridad”, precisó.

Si se tienen identificados los hombres que murieron a manos de ejecuciones, homicidios o agresiones, deberían estar las investigaciones en curso, cuestión que, a decir del especialista, no puede ser contrastada por la falta de información.

“Tenemos la cifra de la PGR pero no hay cálculo y evaluación cualitativa ni cuantitativa en cuanto a la investigación, lo que genera el problema de no poder medir la eficiencia y eficacia las instancias encargadas de la seguridad ni el comportamiento o evolución de la violencia”.

Negó que existan cuantificaciones confiables de decesos de manera independiente, por lo que destacó la importancia de contar con datos cualitativos de las instituciones de seguridad.