Ley antilavado elevará costos administrativos: AMPI
Profesionales inmobiliarios acatarán la norma y afirman que no se ampararán en contra de este ordenamiento.
Edgar Juárez / El Economista
Oct 28, 2012 |
18:53
Foto archivo EE: Hugo Salazar
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Para la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) sección ciudad de México, la nueva ley antilavado, que obliga a sectores como éste a reportar operaciones de dinero relevantes para la autoridad, representará que sus costos administrativos se eleven. No obstante, aclara que la nueva norma será acatada y que de ninguna manera se tiene pensado interponer amparos.

Ello, luego de que hace apenas una semana el Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana advirtiera que se amparará en contra de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La ley otorga 30 días a las entidades colegiadas, a partir de su publicación en el Diario Oficial dde la Federación para que se amparen. La ley se publicó el 17 de octubre.

Alejandro Kuri Pheres, presidente del organismo, refirió que los inmobiliarios tendrán que cubrir costos y responsabilidades adicionales muy fuertes, por ejemplo, deberán contratar más tecnología y a dos o tres personas que se enfoquen a atender las nuevas obligaciones. Dijo que aunque quizás a las empresas grandes no les afecte, a las pequeñas sí.

En entrevista, destacó que aunque es una ley muy necesaria para el combate de las actividades delictivas, esas tareas deberían ser realizadas por autoridades fiscales, de inteligencia y policiacas, y no adjudicárselas a las empresas que mejor tendrían, dijo, que enfocarse en su labor principal que es contribuir al crecimiento económico de México.

Kuri Pheres aclaró, empero, que ello no implica que la AMPI Ciudad de México esté en contra de la ley ni que no la vayan a acatar, además de que descartó que el sector vaya a presentar amparo alguno en contra de la medida que entrará en vigor en julio del 2013.

En contraparte, comentó que ya se distribuyeron entre los agremiados los lineamientos principales de la ley, así como un listado de los puntos que deben tener preparados para cuando les aplique la nueva norma.

“Vamos a cumplir con la ley; sin embargo, representa costos adicionales y responsabilidades muy fuertes porque hay sanciones económicas y penales que no compartimos”, enfatizó.

eduardo.juarez@eleconomista.mx

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