Sólo 40% de los empleados tiene un sistema de pensión
La baja cotización puede acarrear graves problemas sociales 
y económicos a medida que la región de la población envejece.
María del Pilar Martínez / El Economista
Oct 16, 2013 |
22:32
Foto: Reuters
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La baja cotización de trabajadores a un sistema de pensiones (cuatro de cada 10) puede acarrear graves problemas sociales y económicos a medida que la población de la región envejece, además porque la mayoría de estas pensiones son inferiores a 10 dólares al día, reveló Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al presentar la nueva publicación titulada Mejores Pensiones, Mejores Trabajos: Hacia la Cobertura Universal en América Latina y el Caribe.

Moreno detalló, que en el 2050, alcanzarán la edad de la jubilación 140 millones de personas (casi cuatro veces más que los 38 millones actuales) y, de no implementar reformas, se calcula que entre 66 y 83 millones de ellas no habrán contribuido lo suficiente para recibir una pensión.

La complejidad del problema no sólo reside en la falta de cobertura, sino en la baja cuantía de las pensiones -aun las de aquéllos que cotizan- así como el desafío que significa que solo dos de cada 10 trabajadores no asalariados (como los que trabajan por cuenta propia y los patrones, quienes constituyen alrededor de 30% de los ocupados en la región) coticen a los sistemas de pensiones.

Otro hallazgo importante que destaca el BID es que los dos objetivos fundamentales de los sistemas previsionales -la eliminación de la pobreza en la vejez y el mantenimiento de un nivel adecuado de vida de los trabajadores cuando dejan de trabajar- “sólo se cumplen para un número reducido de adultos mayores en la región.

En ausencia de reformas adicionales, no se prevé que el porcentaje de trabajadores que cotizan al sistema de pensiones se incremente muy significativamente, lo cual limita el acceso a la misma”.

En ese sentido, explicó la clave para garantizar un sistema sostenible de pensiones: “creemos que una reforma de pensiones que impulse la creación de empleo formal no sólo tendría impacto sobre la productividad, sino que también fomentaría la inversión en infraestructuras y en el capital humano de la región”.

Carmen Pagés-Serra, coautora del libro y jefa de la Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social del BID, apuntó que “las reformas deben establecer, por una parte, una pensión digna para todos y, por otra, apostar por un crecimiento del empleo formal, por ejemplo, a través de subsidios a los aportes que realicen los trabajadores. De forma complementaria, se requieren avances en fiscalización, información y educación financiera”.

DEBEN GOBIERNOS METER 
FRENO A LA INFORMALIDAD

Impulsar el empleo formal como alternativa para disminuir la brecha que hay entre cotizantes y quienes no realizan ninguna aportación para su pensión es indispensable; actualmente, hay 130 millones de trabajadores que no realizan ningún tipo de aportación a la seguridad social por encontrarse en la informalidad.

La recomendación del BID es que los gobiernos entiendan cuáles son las restricciones que impiden que se genere trabajo formal y pongan en marcha las políticas necesarias destinadas a liberar esas restricciones.

Infografia

pmartinez@eleconomista.com.mx

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