aquellas que cambian a sa
Sofomes buscan evadir regulación antilavado
No serán reguladas por la CNBV, pero sí por la UIF.
El FFIEC (por sus siglas en inglés) realizó la actualización regulatoria en materia antilavado. Foto: Reuters
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Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (sofom) se están convirtiendo en empresas de Sociedad Anónima (SA) con el fin de evitar el costo que implican las regulaciones contra el lavado de dinero. Hasta ahora, de las 3,439 que están en operación al menos 625 ya se transformaron, mencionó José Luis Rojas de la Cruz, director de Traces Corporate Consulting.

Las que se convierten en sociedades anónimas no están obligadas a reportar ni a consultar sus operaciones en el Buró de Crédito, un requisito que la reforma financiera estableció para evitar sobreendeudamientos y tampoco deberán cumplir con la regulación antilavado que establece la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aunque sí son vigilados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

El especialista explicó que los cambios de sofom a sociedad anónima les permite a las entidades evitar cambios regulatorios incluso internacionales, como la actualización regulatoria que se hizo en noviembre del año pasado por el Consejo Federal de Inspección de Instituciones Financieras (FFIEC, por su sigla en inglés).

“Los bancos pagaron miles de millones de dólares por transgresiones que van desde valores hipotecarios hasta operaciones de divisas y han invertido cuantiosas sumas en sistemas para cumplir normativas, empleados nuevos y otras iniciativas para prevenir problemas. Aunque los bancos han combatido el lavado desde hace mucho tiempo, los esfuerzos han cobrado nueva urgencia”, expresó.

La actualización que hizo el FFIEC -es el organismo regulatorio que monitorea el posible lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo-, la primera en casi cinco años, ejerce mayor presión sobre los bancos para identificar a clientes sospechosos y clausurar cuentas con perfil de riesgo, declaró.

Los cambios son para todo el sector financiero, y la normatividad mexicana vigente a raíz de la reforma financiera del 2014 obliga a que toda entidad financiera con menos de 25 empleados tenga un oficial de cumplimiento y las que tienen más empleados tengan, además, un comité de comunicación y control adicional.

De acuerdo con el especialista, el oficial de cumplimiento y el comité son los responsables del cumplimiento del marco regulatorio aplicable, pero el oficial debe ser parte del cuerpo gerencial de la empresa y tener independencia para tomar decisiones a efecto de gestionar los riesgos asociados con lavado de dinero y de activos, así como de financiamiento al terrorismo.

Traces Corporate Consulting es una empresa que estuvo involucrada en el desarrollo e implementación del sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo para grupos financieros en Colombia y, desde su perspectiva, se puede desarrollar un programa de aprendizaje al respecto.

“Considerando la relevancia del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo como riesgos penetrantes que en caso de materializarse podrían ocasionar la pérdida total del negocio es que se requiere una rápida profesionalización y certificación de los oficiales de cumplimiento que cobran una importancia crítica”, aseveró.

Actualmente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores puede certificar a los oficiales de cumplimiento, auditores independientes y otros profesionales que la apoyen en sus funciones de auditoría en materia de prevención de lavado de dinero.

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