ven complicaciones para su implementación
Hay lineamientos “ociosos” en ley antilavado: AMDA
Existe sobrerregulación que impide reportar información clara a la autoridad.
Fernando Gutiérrez
Sep 13, 2016 |
20:11
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Desde la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como ley antilavado, en julio del 2013, los distribuidores de automotores se han encontrado con complicaciones para su implementación, pues para este sector existe una sobrerregulación que impide reportar información clara y concisa a la autoridad.

Para Fernando Lascurain Farell, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), uno de estos lineamientos que ha sido visto como excesivo por parte de las agencias es la de identificar al cliente, ya que genera una sobrerregulación porque distintas autoridades manejan diferentes criterios al respecto.

“Al momento que entra en vigor la ley antilavado, se establece la primera obligación que es la de identificar al cliente, la cual es ociosa porque, además de que se establece un límite del uso del efectivo en estas operaciones en hasta 3,210 veces el salario mínimo (poco más de 200,000 pesos), es imposible vender unidades a clientes que no están identificados”, expresó el directivo de la AMDA en un foro para hablar sobre la prevención de lavado de dinero.

De acuerdo con Lascurain Farell, esta disposición de identificación del cliente va en el mismo sentido de una disposición de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual obliga a las agencias automotrices a reportar operaciones que se realicen en efectivo por arriba de los 100,000 pesos.

“Esto es una sobrerregulación (...) Esto es un antecedente directo que nos genera una carga operativa adicional”, expuso el directivo en un foro organizado por la firma TM Sourcing.

Asimismo, Lascurain Farell indicó que las limitantes al uso del efectivo en este tipo de operaciones también son otro problema, pues la ley no consideró el bajo nivel de bancarización que hay en el país.

De acuerdo con cifras de la AMDA, de enero a agosto del presente año se vendieron 853,620 vehículos, de los cuales 66% fue a través de créditos bancarios, financieras y autofinancieras. El resto, que es 34%, se pudo haber vendido por operaciones en efectivo u otros esquemas.

Pese a este escenario, el directivo comentó que esta ley es necesaria para prevenir el lavado de dinero; sin embargo, se debe de separar el tema del cumplimiento fiscal del de la prevención de este delito, con la finalidad de proveer información útil a la autoridad.

“Hay falta de coordinación entre las autoridades y una sobrerregulación para las actividades vulnerables (...) nosotros queremos cumplir y pedimos que nos dejen, pero de una manera eficiente, no generándonos mayores complejidades en el envío de información”, expuso el directivo.

Lascurain Farell confió en que la ley se vuelva más eficiente con las modificaciones que ya se analizan en la Cámara de Diputados.

“Espero que las modificaciones que están en la Cámara de Diputados se puedan recoger, a efecto de darle información de valor a la autoridad y no generar una reportitis aguda (...) No es innecesaria la ley, tenemos que sumarnos al combate al lavado, tenemos que ser congruentes y podemos ser mucho más eficientes”, detalló.

Incentivos a prestanombres

Cuestionado sobre el impacto que ha tenido dicha ley en el mercado de automotores, el cual es considerado por la normativa como una actividad vulnerable, Lascurain Ferell indicó que no hay manera de medir esto.

Asimismo, consideró que la actual normativa no abarca a los prestanombres, los cuales podrían aprovechar para penetrar de manera más profunda en este mercado sin que sean tocados por la ley.

“Hay proveedores de recursos que no están obligados a identificarse, donde acaba de ser el cliente otra persona; esto quiere decir que se verá una auge significativo en testaferros en prestanombres cuando menos en la industria”, dijo.

Las medidas de prevención de lavado de dinero provienen de recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, con la intención de evitar este delito que tan sólo en México representa entre 10,000 y 15,000 millones de dólares al año.

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