La descalificación hecha por Human Rights Watch (HRW) contra el ejército mexicano por estar inmerso en la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado en varios estados del país desde hace tres años es “aventurada, ligera y parcial’’, estimo el catedrático, investigador y exsuprocurador General de la República, Federico Ponce Rojas.

Según Ponce Rojas, HRW “argumenta falta de imparcialidad en investigaciones sobre presuntos abusos de las fuerzas armadas, debido a que el Secretario de la Defensa dirige el sistema de justicia militar, que los jueces no gozan de estabilidad y las autoridades civiles prácticamente no efectúan ningún control de las decisiones sobre derechos de víctimas civiles’’, lo cual es erróneo.

Para el especialista lo expuesto por HRW y su director para las Américas, José Miguel Vivanco es incoherente porque el general-secretario Guillermo Galván Galván, no dirige el sistema de Justicia militar, porque existe la “designación’’ en el fuero castrense de jueces, ministerios públicos y defensores de oficio, entre éstos últimos, destaca la participación de mujeres.

Human Rights con ese argumento, obliga a ejemplificar que el Presidente o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal “mandatarios que hoy se distinguen por ser de partidos e ideologías políticas distintas, quisieran influir u ordenar las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF)’’, añadió.

“Sobre la impunidad, las investigaciones e indagatorias que terminan en sentencias condenatorias y en las que no pocas veces concluyen los jueces de guerra, son clara muestra de que hay un combate judicial en contra de la impunidad y del orden común para sancionar a militares que desvían el camino del Derecho’’, concluyó el coordinador de un diplomado sobre Fuerzas Armadas.

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