El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Sergio Valls Hernández desechó por improcedente la controversia constitucional que promovió el gobierno de Sonora, contra las reformas al Código Civil capitalino que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Bajo los mismos argumentos con los que desestimó los recursos que promovieron los estados de Guanajuato, Morelos y Tlaxcala, el ministro publicó el acuerdo mediante el cual se declara que las demandas son notoriamente improcedentes, pues las entidades carecen de interés jurídico para impugnar las modificaciones en materia civil.

Con esta decisión, ya son cuatro los estados que no prosperaron en su intento por combatir las llamadas bodas gay, por lo que la Corte sólo analizará el recurso que presentó la Procuraduría General de la República (PGR) contra estas modificaciones que aplican en la capital del país.

ALDF entrega informe

Por otra parte, este día la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa del Distrito (ALDF) entregaron a la Suprema Corte el informe justificado mediante el cual se publicaron las modificaciones al citado código, así como la postura del gobierno capitalino sobre estas uniones civiles.

En entrevista en la sede del alto tribunal, la consejera jurídica, Leticia Bonifaz, señaló que se les expone a los ministros que en el Distrito Federal las parejas homosexuales no tenían la oportunidad de contraer matrimonio, y apuntó que esta figura legal no tiene como único fin el de la procreación.

A su vez, la diputada local, Alejandra Barrales, dijo que la ALDF confirma ante la Corte por qué las reformas son constitucionales y que solicitó a los ministros que se haga público el expediente "ante la falta de argumentos jurídicos se ha recurrido a la mentira, se ha señalado que hay reformas al régimen de adopción del Distrito Federal".

"Estamos confirmando que eso es falso, que no hay un solo punto o coma que se haya tocado del régimen de adopción del Distrito Federal, que sigue siendo de los más escrupulosos del todo el país, y vamos a solicitar que todo este expediente, que todo el proceso se haga público".

La presidenta de la comisión de Gobierno dijo que en sus argumentos, la legislación local planteó "se está respetando el derecho a decidir a todos los capitalinos, no podemos colocar en desventaja o segregación a ningún capitalino por su raza, su color, su preferencia política, sexual, y mucho menos y esa es la garantía que hoy estamos dándole a todos los habitantes del Distrito Federal".

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