Los gobernadores, presidentes municipales, Congresos locales o el Presidente de la República podrán solicitar al Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) la presencia del Ejército para combatir el crimen organizado y al narcotráfico, especifica el borrador del dictamen que tiene listo el Senado sobre la reforma que regulará la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.

El documento de trabajo que analizan los senadores especifica que una vez informado, el Consejo deberá informar al Senado, para que éste defina en un plazo de 72 horas si concede o no el permiso para que los elementos castrenses participen en tareas de combate al crimen organizado, las cuales se realizarían durante plazos específicos, así como de territorio, facultades y de actores involucrados en una declaratoria de afectación a la seguridad interior del país.

Sin embargo, los senadores aún deben definir un marco legal dentro de esa reforma para lograr el regreso del Ejército a los cuarteles, a fin de que sean las policias las que se ocupen de la seguridad pública.

En tanto, en el Senado avanzó ayer en primera lectura –y que hoy será aprobada- la reforma que regula la declaratoria de Estado de emergencia en México, a fin de que en casos de afectación grave a la seguridad de la población, se dejarían a salvo 20 derechos ciudadanos, entre ellos, la garantía a la vida y al culto religioso y el reconocimiento la personalidad jurídica de las personas.

El dictamen impone candados a los “estados de emergencia” que eventualmente emita el Presidente de la República -con el aval del Congreso y bajo vigilancia de la Suprema Corte- en casos de invasión, perturbación grave a la paz pública o cualquier conflicto que ponga a la sociedad en peligro, a fin de que ello no implique la suspensión total de los derechos humanos en el país.

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